Tribuna abierta

Pensiones privadas contra pensiones públicas

08.10.2015 | 02:00

L a reforma del Sistema Público de Pensiones, aprobada en el Parlamento en noviembre de 2013, desvinculó el aumento anual de las pensiones del incremento del coste de la vida, limitando la subida anual a un miserable 0,25%. Este incremento mínimo se mantendrá, según la previsión de impacto económico del propio Gobierno, hasta el año 2022 y supondrá un ahorro en pensiones de 33.000 millones de euros y una grave pérdida de poder adquisitivo de los y las pensionistas.

Por si esto fuera poco, la reforma contempla también otro recorte para las futuras pensiones. A partir del año 2019 se les va a aplicar un nuevo factor reductor en función de la expectativa de vida de la población española. Esto quiere decir que la pensión de quienes se jubilen a partir de esa fecha será inferior a la que les correspondería antes de la reforma.

Las pensiones españolas están entre las más bajas de Europa, por lo que el Gobierno debería, si no subirlas debido a la coyuntura actual, respetar al menos su poder adquisitivo. En lugar de eso han decidido bajarlas. Hay que recordar que el Estado Español sólo dedica un 10% de su producto interior bruto a pensiones, muy por debajo que la mayoría de países europeos. No se trata por tanto de un problema económico, sino de una cuestión de ideología y voluntad política: Se empobrecen las pensiones públicas para favorecer el negocio de los planes privados de pensiones. Es lo mismo que está pasando con los recortes en la educación y en la sanidad pública.

Desde hace muchos años la banca y los fondos de inversión presionan a los gobiernos para que una buena parte de los ciento veinte mil millones de euros que mueven cada año las pensiones públicas vaya a parar a sus manos. Y ese es el sentido de la reforma, devaluar las pensiones públicas para que la gente tenga que contratar planes privados, si no quiere vivir de la caridad cuando no pueda seguir trabajando.

La Seguridad Social se financia con cotizaciones sociales, es decir, con lo que aportan trabajadores y empresarios. Estas cotizaciones generaron en años anteriores un superávit de muchos miles de millones de euros, la llamada hucha de las pensiones. Ese fondo se creó precisamente como colchón para épocas en que los ingresos fueran inferiores a los gastos y hubiese garantizado el pago de pensiones durante muchos años. O lo harían, si las mismas políticas de austeridad que nos conducen al aumento del paro y a la reducción de salarios, junto a las exenciones fiscales a la Seguridad Social de las empresas, no la estuviesen agotando rápidamente. Así las cosas, es de temer que muy próximamente volverán a plantear la necesidad de una nueva reforma, es decir, de un nuevo recorte. De hecho el Círculo de Empresarios ya ha pedido a la ministra de Empleo que acometa una nueva reforma y Unespa, la patronal de los seguros privados presiona a los diputados del Pacto de Toledo exigiendo un sistema mixto. Y hace sólo unos días, el gobernador del Banco de España, José María Linde pidió una reforma profunda del sistema de pensiones que permita garantizar su viabilidad a largo plazo. Viabilidad que, no se nos olvide, se suponía garantizada por las reformas del 2011 y del 2013.

En resumen, el futuro de las pensiones públicas corre un grave peligro y en consecuencia, la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones de pensionistas también. Sólo un cambio político y social de gran envergadura y la acción decidida y unitaria de sindicatos, partidos de progreso y organizaciones de mayores, exigiendo garantías para el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones logrará salvarlas. Las personas afectadas, el 99% de la población, deberíamos obrar en consecuencia.

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