Editorial

Menos trivialidades y más unión entre los municipios

30.08.2015 | 02:00

La polémica por la denominada guerra de la raya azul entre los municipios de Güímar y Arafo por el Polígono Industrial del Valle sureño ha llegado a los medios de comunicación nacionales, tiene un trasfondo político –José Juan Lemes, alcalde de Arafo, abandonó el PP antes de las últimas elecciones municipales, por lo que fue tildado como "traidor" por los populares tinerfeños, partido al que pertenece la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro– y ha sido blanco de mofas de todo tipo en las redes sociales y los comentarios de la calle. Ahí está la foto de la NASA con una raya azul en medio de las dos localidades, el fotomontaje de un grupo de tanques acompañado de la frase "Las tropas de Arafo se movilizan" o las decenas de vídeos, incluso de personas que se han acercado hasta el Polígono para retratarse en medio de la línea fronteriza.

Independientemente de que la alcaldesa güimarera pueda tener razón a la hora de reclamar que Arafo y Candelaria, los otros dos municipios con competencias en el Polígono, así como el mismo Cabildo, asuman sus obligaciones y promesas en el mantenimiento de esta espacio para naves industriales, como ha hecho el propio Ayuntamiento de Güímar, hay algo de berlanguiano en la forma que ha elegido Carmen Luisa Castro para dar lo que ella misma ha definido como "un toque de atención". Es cierto, porque lo dicen los propios empresarios del Polígono por unanimidad, que Güímar es la única administración que se ha puesto manos a la obra para tener en las mejores condiciones posibles la parte de esta zona que corresponde a sus límites después de recibir un millón de euros y una nave, como los otros dos ayuntamientos, para ello y como compensación. También es cierto que quedan lagunas por resolver en las condiciones y puesta en marcha del Consorcio entre los tres ayuntamientos, el Cabildo y las propias empresas. Pero lo más razonable en un responsable público de todo un ayuntamiento, antes de recurrir a decisiones triviales como la de pintar rayas azules para que la gente sepa que la parte de Güímar sí está limpia y las del resto de municipios no, es convocar una reunión, sentarse a negociar, recurrir al diálogo, incluso presionar con críticas más o menos duras pero razonadas.

Pero en este rifirrafe subyace un asunto muy trascendente: la incapacidad de los municipios de Tenerife para poner en marcha las mancomunidades o consorcios; es decir, las entidades que posibilitan que los ayuntamientos de una determinada comarca compartan servicios y gastos. Pero yendo incluso más allá, se pone de manifiesto la incapacidad de las instituciones públicas, empezando por el Estado, para cumplir con sus promesas de adelgazamiento del aparato administrativo público, ante la duplicidad de leyes y competencias, la existencia de órganos y cargos que solo valen para generar más gastos a los ciudadanos o la misma carga que suponen los ayuntamientos minúsculos.

A la espera de que se dejen los estudios y las opiniones y se afronte de verdad un cambio en la división municipal del país –porque es un debate y una competencia nacional– para ahorrar inversiones innecesarias, un primer camino es el de las mancomunidades o los consorcios. Pero en general han fracasado en Canarias. Mientras su número en España supera el millar, los últimos datos señalan que en el Archipiélago solo hay 11 con actividad, y de ellas muchas están incompletas y su rendimiento no es el adecuado.
Rencillas políticas, incapacidad de diálogo, pereza a la hora de prescindir de determinados privilegios... Sea lo que sea, las uniones para gestionar mejor el dinero público, con más eficacia y racionalidad, no funcionan. Y un ejemplo es lo que está ocurriendo con el Polígono Industrial del Valle de Güímar, vital para la economía de la comarca. Y eso que es un grado de unión menor solo para gestionar los espacios de esta zona. La solución no es pintar líneas en las calzadas o las aceras; no es subrayar que aquí estoy yo y allí estás tú. La solución es decir que esto es de todos y que hay que gestionarlo de la mejor manera para que le cueste menos al contribuyente.

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