Editorial

Aguas negras: menos broncas y más soluciones

Un 70% de las aguas residuales de Santa Cruz de Tenerife se vierten al mar sin un tratamiento adecuado por parte de la empresa Emmasa y el Ayuntamiento capitalino

16.08.2015 | 04:12

Las aguas residuales del 70% de la población de Santa Cruz de Tenerife se vierten al mar sin un tratamiento adecuado por parte de la empresa Emmasa y el Ayuntamiento capitalino. Esto es lo que subraya un informe realizado por Teno Ingenieros Consultores para la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, que señala además la necesidad de mejorar las instalaciones de depuración de las aguas negras de la capital tinerfeña para evitar más daños a los ecosistemas costeros del municipio". Este párrafo está extraído de una noticia publicada por la opinión de tenerife en enero de 2012. Pero se puede ir más atrás todavía para encontrar el mismo problema. Por ejemplo, al 21 de noviembre de 2007, hace nada menos que ocho años, cuando la opinión de tenerife publicó esta otra noticia: "La Fiscalía de Medio Ambiente de Santa Cruz de Tenerife investiga los vertidos que se producen diariamente a través del emisario situado a unos 50 metros de la costa de la capital tinerfeña, entre el Palmétum y el muelle de Hondura [el principal que se utiliza para verter las aguas negras sin el adecuado tratamiento]. Así lo confirmaron a este diario fuentes de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, que precisaron haber requerido documentación más detallada de la ya remitida por el Ayuntamiento de Santa Cruz y Emmasa, empresa responsable del saneamiento de las aguas residuales santacruceras".

Este viejo problema que sigue sin resolverse ha vuelto a la actualidad después de que el pasado 31 de julio, el Gobierno canario anunciara la apertura de un expediente contra el Consistorio chicharrero y Emmasa en el que amenaza con retirar, por "incumplimientos claros y reiterados", la autorización de vertido de aguas residuales al mar concedida en 2005 al Consistorio y con iniciar un procedimiento sancionador. Asimismo, les insta a que ejecuten las actuaciones necesarias en la depuradora de Buenos Aires y en la estación de pretratamiento y bombeo de Cabo Llanos para adaptar el sistema de depuración y vertido a la legislación vigente. Entre los incumplimientos se encuentra precisamente el hecho de que el caudal que llega al mar multiplica por 25 el permitido por el Gobierno regional y está afectando a la calidad de las aguas de baño, especialmente a las del entorno del Parque Marítimo.

La situación es muy compleja y se topa, además, con el desconocimiento generalizado de la ciudadanía. Porque muchos vecinos, no sólo de Santa Cruz, sino de todas las Islas, desconocen que limpiar las aguas que ellos mismos ensucian requiere de un enorme esfuerzo económico y tecnológico. Ello no quita, no obstante, que sea una responsabilidad que las administraciones tienen que asumir, entre otras cosas porque los mismos ciudadanos pagan una tasa por la depuración en sus facturas del agua, para cuidar lo máximo posible nuestro privilegiado medioambiente, principalmente el marino.

Y es una situación compleja, para empezar, por la cantidad de recursos que se tienen que destinar para resolverla y, segundo, por las propias dificultades orográficas de una isla como Tenerife. Es por eso que parte de las aguas negras de La Laguna y El Rosario deben teóricamente ser depuradas en Santa Cruz –ahora se sabe que se envían pero no se depuran lo suficiente–, de ahí que ambos ayuntamientos aporten dinero a las infraestructuras santacruceras. Sólo La Laguna pone 1,2 millones al año.

¿Qué ocurre? Que los medios con los que dispone Santa Cruz hace mucho tiempo que se quedaron obsoletos, siempre según los informes oficiales del Gobierno de Canarias, y que la capital no ha hecho los esfuerzos suficientes –ni ha contado con la ayuda necesaria de otras administraciones, principalmente la estatal– para poner fin a una grave deficiencia que no solo afecta a la capital, sino a todo el área metropolitana. Bien es verdad que el Gobierno local, con la llegada de José Manuel Bermúdez en 2011, se pasó todo el pasado mandato pidiendo inversión estatal para mejorar y ampliar la depuradora de Buenos Aires sin encontrar respuesta del Ejecutivo de Rajoy. Pero también lo es que esas exigencias llegaron tarde y que los anteriores gobiernos chicharreros se desentendieron del asunto o simplemente no lo vieron –o no lo quisieron ver–.

Las consecuencias son contundentes: Santa Cruz arroja cada día al mar diez piscinas olímpicas de vertidos residuales sin el suficiente tratamiento. Y la respuesta de algunos representantes públicos es poco edificante: una sucesión de ataques, descalificaciones y gracietas que, en algunos casos, más tienen que ver con rencillas políticas que con el asunto en cuestión. Mal camino en un problema que requiere menos rifirrafes y más soluciones, como una cumbre de todos los ayuntamientos para hallar una solución para toda la Isla.

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