Espacio jurídico

Objeción de conciencia y píldora del día después

18.07.2015 | 02:20

Qué ocurre si en una farmacia se niegan a venderte ibuprofeno o un gel fungicida? ¿Y si en vez de aspirinas, lo que se negaran a venderte fuera la conocida como "píldora del día después" o preservativos? Este es el caso que estudia la Sentencia de 25 de Junio de 2015 del Pleno del Tribunal Constitucional que les exponemos a continuación.

En este caso, tras imponer una sanción a un farmacéutico que, ni siquiera tenía estos productos en su establecimiento, el sancionado interpone recurso de amparo por entender que las resoluciones impugnadas han vulnerado su derecho a la objeción de conciencia, como manifestación de la libertad ideológica reconocida en el art. 16.1 CE, al haber sido sancionado por actuar en el ejercicio de su profesión de farmacéutico siguiendo sus convicciones éticas sobre el derecho a la vida. Tales convicciones, afirma, son contrarias a la dispensación del medicamento con el principio activo levonorgestrel 0,750 mg., debido a sus posibles efectos abortivos si se administra a una mujer embarazada.

El planteamiento del demandante, sintetizado en los términos expuestos, permite colegir que la exención del deber, que para sí reclama, de disponer y expedir el referido medicamento se anuda al efecto que atribuye al indicado principio activo, lo que colisiona frontalmente con sus convicciones sobre la protección del derecho a la vida. Nos encontramos en este supuesto ante una auténtica problemática constitucional: esto es, el juicio de ponderación entre el invocado derecho a la objeción de conciencia, como manifestación del derecho fundamental a la libertad ideológica reconocida en el art. 16.1 CE, y la obligación de disponer del mínimo de existencias del citado medicamento que le impone la normativa sectorial, para así poderlo dispensar a quienes lo soliciten.

El derecho a la objeción de conciencia está expresamente reconocido como "derecho básico de los farmacéuticos colegiados en el ejercicio de su actividad profesional".

Este reconocimiento por los Estatutos colegiales del derecho a la objeción de conciencia de los farmacéuticos no carece de relevancia pues, una vez se aprueban los estatutos de un colegio profesional y previo informe de los respectivos consejos si estuvieran creados, éstos se remiten a la Consejería con competencia en la materia de régimen jurídico de colegios profesionales para su aprobación definitiva mediante orden de su titular y previa calificación de su legalidad. Además, para el caso de que los estatutos no se ajustaran a la legalidad vigente, o presentaran defectos formales, se ordena su devolución a la corporación profesional para la correspondiente subsanación, de acuerdo con el procedimiento que se establezca reglamentariamente.

Hemos de partir en este caso, de la concreta intervención que el sistema público sanitario impone al profesional que ejerce su actividad en una oficina de farmacia, a saber, la disposición para su ulterior dispensación a los consumidores de aquellas especialidades farmacéuticas que la Administración haya incluido dentro de una relación obligatoria. Al profesional farmacéutico le incumbe, pues, el deber normativo de facilitar la prestación de dicho servicio y en el presente caso dicho deber garantiza el derecho de la mujer a la salud sexual y reproductiva, del que dimana el derecho a las prestaciones sanitarias y farmacéuticas establecidas por el ordenamiento jurídico vigente, que incluye el acceso a la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos legalmente previstos, así como a los medicamentos anticonceptivos autorizados en España.

Se ha de aclarar que la imposición de la sanción en este caso, no derivó de su negativa a dispensar el medicamento a un tercero que se lo hubiera solicitado, sino del incumplimiento del deber de contar con el mínimo de existencias establecido normativamente.

No obstante, a la vista de lo expuesto, hemos de afirmar que el demandante actuó bajo la legítima confianza de ejercitar un derecho, cuyo reconocimiento estatutario no fue objetado por la Administración y que, a la vista de la ponderación efectuada sobre los derechos e intereses en conflicto y de las restantes consideraciones expuestas, la sanción impuesta por carecer de las existencias mínimas de la conocida como "píldora del día después" vulnera el derecho demandante a la libertad ideológica garantizado por el art. 16.1 CE, en atención la concurrencia de especiales circunstancias expuestas.

Les instamos a que reflexionen: ¿qué prima en un caso como este? ¿Tiene primacía la libertad ideológica del farmacéutico o la libertad de una mujer a decidir si puede o no afrontar tener un hijo?

Juan Miguel Munguía Torres es abogado de Munguía&Asociados

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