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Retales de la historia

Penurias municipales (y 2)

29.06.2014 | 02:00

El año 1871 fue de extremas dificultades económicas para la corporación municipal de Santa Cruz, que se veía acosada desde diferentes puntos para que hiciera frente a deudas contraídas, que superaban en mucho su capacidad de recaudación.

En el mes de febrero, por segunda vez se recibió apremio de la Diputación Provincial, pero dos meses después no sólo no se había satisfecho sino que le fue impuesta una multa por impago, multa que se pidió que fuera condonada, al tiempo que se solicitaba un aplazamiento del pago del contingente provincial.

En julio la situación era angustiosa hasta el punto de que el alcalde Emilio Serra manifestó que considerando la Municipalidad que el estado de sus fondos no le permite, como deseara, celebrar el Aniversario del veinte y cinco de Julio de mil setecientos noventa y siete con más ostentación que la acostumbrada, acordó tenga efecto la función religiosa en la forma que se ha verificado en los años anteriores, y dadas las circunstancias se renunciaba a celebrar cualquier otra clase de festejos.

Se buscaba todo tipo de disculpas para aplazar el pago. Por ejemplo, cuando en agosto se presentó una vez más el comisionado de la Diputación para presentar una nueva notificación de apremio, no pudo entregarla por no haber quorum suficiente, lo que según el reglamento impedía la celebración de la sesión municipal. Pero la situación era tan seria que no quedó más remedio que hipotecar el producto de la carnicería, unas 2.000 pesetas mensuales y que era el arbitrio que proporcionaba la mayor renta, para atender los pagos. En cuanto a la parte que había que ingresar al Tesoro de los impuestos que recaudaba el ayuntamiento, ante la imposibilidad de cumplir con esta obligación se acordó solicitar al Gobierno la condonación de la deuda. Los vecinos atribuían la morosidad municipal a la pésima gestión administrativa y de la recaudación de impuestos, produciéndose protestas y propagándose infundios y calumnias que dieron lugar a que el ayuntamiento acordara publicar un manifiesto de justificación.

Con este lamentable escenario se daba lugar a episodios anómalos, como ocurría con la Sociedad Constructora, que estaba en plena fiebre edificatoria, y no pagaba licencias ni arbitrios por las casas que construía, pretendiendo, y logrando, compensar dicha obligación con la apertura y alineación de calles que realizaba por su cuenta en el que se llamó entonces "barrio nuevo de la Constructora". Así se hizo en varias ocasiones, sin que existiera una efectiva fiscalización de los importes compensados.

La falta de recursos era total, agravada por las sanciones recibidas, como la del gobierno civil que impuso una multa de 250 pesetas por no haber satisfecho sus haberes a los maestros de instrucción primaria, después de varios requerimientos. Por el mismo motivo se paralizaron las obras de ensanche del cementerio de San Rafael y San Roque y, buscando soluciones, se acordó vender parcelas para sepulcros familiares para poder continuar los trabajos.

En 1872, bajo la alcaldía de Juan García Álvarez, la acumulación de pagos atrasados, nuevas notificaciones de apremio de la Diputación y nuevas sanciones, llevaron a acordar hipotecar todos los recursos municipales para negociar un empréstito y, ante la imposibilidad de cubrir las multas impuestas, se acordó comunicarlo a los miembros de la anterior corporación. Y menos mal que algún concejal, como José Ruiz Arteaga y otros, adelantaban dinero para efectuar imprescindibles reformas y arreglos en el mercado y cubrir otras necesidades perentorias.
Ante las incesantes reclamaciones se acordó pedir al comercio y contribuyentes que suscribieran un anticipo sin interés de 15.000 pesetas para atender las mayores urgencias. Mientras, la comisión de revisión de los libros de contabilidad municipal informaba que el Ayuntamiento debía por todos conceptos hasta el pasado mes de abril la ingente cantidad de 66.241,80 pesetas. En agosto, la Comisión Provincial presentó ejecutoria por la deuda contraída, que no se aceptó al llegar sin especificar contra quién o quienes había que ejecutar, se pidió al gobernador civil sin resultado que intercediera para lograr un aplazamiento y se acordó interponer un recurso de alzada, mientras se planteaban varias propuestas para recabar fondos.

Pero todo era en vano, no se veía solución y sólo quedaba, si se podía, salvar el honor. Ante la reiteración de apremios y requisitorias por parte de la Diputación, el 22 de diciembre se manifiesta quedar demostrado que no se guarda al Ayuntamiento ninguna clase de consideraciones no obstante saber que no recauda para entregar las cantidades que por diversos centros se le exigen y no queriendo exponerse a cubrir con su peculio deudas que no han contraído personalmente, se acordó que todos los Sres. Concejales vayan en persona apresentar su renuncia al Sr. Gobernador Civil.

De la Tertulia Amigos del 25 de Julio (www.amigos25julio.com)

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