Tribuna abierta

Brígida Mendoza y la señora Thatcher

28.06.2014 | 02:00

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha iniciado la aplicación de la estrategia de las "Unidades de Gestión Clínica" en nuestro archipiélago. La plantea, de momento, para el Hospital Universitario de Canarias, el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, el Hospital Materno Infantil y el Hospital Doctor Negrín. De esta manera se sitúa a nuestra Comunidad Autónoma en la lista de CCAA que empezando por aplicar técnicas empresariales a la atención sanitaria, como se dice en la página 65 del Plan de Salud de Canarias, se apresta, mediante la incorporación de los profesionales sanitarios a la gestión de los recursos utilizados en la práctica clínica, a introducir cambios estratégicos en el sistema de cara a su privatización trasladando el modelo empresarial a los servicios de los centros sanitarios públicos, con un argumento claramente neoliberal de "mejorar la eficiencia, calidad y costes gracias a la autonomía, la competencia interna y la asunción de riesgos".

Para ello, plantean la descentralización administrativa y funcional de los servicios sanitarios con la finalidad de fragmentar los centros sanitario públicos dando autonomía plena para organizarse, financiarse y para establecer relaciones con otras unidades y centros, con unos incentivos económicos vinculados al ahorro lo que facilitará controlar sus decisiones clínicas y hacerlas cómplices de los recortes. Además con el objetivo de generar ahorros o beneficios económicos a las unidades, con la posibilidad de "gerenciarlos" e invertirlos, como microempresas dentro de los centros para competir entre sí, en el marco legal de un mercado sanitario público y privado, financiado esencialmente con fondos públicos. Esto encaja perfectamente en el marco de la actividad del llamado Club Gertech que viene desarrollando desde hace tiempo (de manera solapada e invisible a la población y a los trabajadores sanitarios) un conjunto de iniciativas destinadas a conseguir el control del Sistema Sanitario Público, para fragmentarlo y ponerlo en manos privadas. En esta poderosa plataforma neoliberal están integradas universidades, centros de investigación, empresas de informática y tecnología sanitaria, laboratorios farmacéuticos, fondos de inversión internacional, grupos de comunicación, etc. en un gigantesco lobby de presión capaz de orientar la política sanitaria del gobierno de Rajoy y de las comunidades autónomas.

También debemos tener muy en cuenta el acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y el denominado "Foro de la Profesión Médica y de Enfermería" (en realidad las desacreditadas cúpulas de los Colegios de Médicos y de Enfermería) que establece que "se promoverá un marco jurídico específico del profesional sanitario en el Sistema Nacional de Salud y un modelo de retribución voluntario vinculado a la gestión clínica que favorezca los principios de excelencia profesional y de gobernanza del sistema sanitario público". Esto supone que el personal de las Unidades de Gestión Clínica no podrá mantener las garantías del Estatuto Marco y deberá laboralizarse para trabajar en las mismas, paso necesario para que las Unidades de Gestión Clínica se constituyan en empresas autónomas con personalidad jurídica propia acogidas al modelo empresarial con participación del sector privado.

Pretender, como al parecer lo hace la Consejería de Sanidad, que, en este contexto, la puesta en marcha de las Unidades de Gestión Clínica en Canarias nada tiene que ver con las tendencias y peligros apuntados, es tomarnos por idiotas y además por ignorantes de los nefastos resultados que se han cobrado, en vidas humanas y graves secuelas de salud además del consiguiente gasto sanitario multiplicado, toda una serie de experiencias, antecedentes de la que ahora se promueve, tales como las Entidades de Base Asociativa de Cataluña o la experiencia desastrosa del National Health Service británico con la señora Thatcher.

Hasta ahora, el primer paso en las contrarreformas privatizadoras de los sistemas sanitarios públicos tiene como objetivo la ruptura de la red pública en microempresas y la introducción de los criterios de mercado en la atención sanitaria, este primer paso es el que permite romper el sistema público, favorecer la presencia del sector privado en el mismo y a la vez introducir las relaciones mercantiles como prioridad para su funcionamiento. Después y de manera progresiva las empresas privadas irían, como así ha sucedido, ganando espacio en el sector, y haciéndose con un porcentaje cada vez mayor del mismo. Por supuesto, una vez un centro sanitario pase a depender del sector privado todos los instrumentos que sirvieron para favorecer la privatización serán barridos del mapa, con el silencio y el apoyo de los que ahora los favorecen, es obvio que ni un grupo privado, ni el fondo de inversión BUPA-Sanitas, ni CAPIO-IDC ahora fusionado con el fondo de capital riesgo CVC que controla a Quirón Grupo Hospitalario, ni Ribera Salud, ni ninguna de las empresas del sector privado quieren saber nada de la gestión clínica y solo permiten un sistema de férreo control a las órdenes de sus consejos de administración y sus accionistas.

Es evidente que quienes hoy formulan propuestas que facilitan la desestructuración de la sanidad pública no pueden desentenderse de este horizonte y de sus consecuencias, tremendas consecuencias para la población, todo lo contrario, están asumiendo una gran responsabilidad al facilitar la privatización del sistema sanitario público apoderándose, las organizaciones financieras y empresariales, de los enormes recursos económicos que se destinan a la salud.

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