Retiro lo escrito

Otro golpe

26.06.2014 | 01:07

Quizás tiene razón un buen amigo al señalar que uno de los efectos colaterales de la irrupción de Podemos es la repentina alergia del establihsment político a todo lo que hieda ligeramente a escándalo. Tal vez –le replico– esta vergüenza, sincera o impostada, se hubiera extendido igualmente: la gente está muy cabreada –mucho más de lo que suponen algunos que sestean sobre las alfombras– y bajo este diluvio de chanchullos e iniquidades –lo penúltimo fue descubrir que el Tribunal de Cuentas es una ludoteca que celebra perpetuamente cumpleaños– ya no perdona ni una. Y la gente vota. Votará dentro de diez meses en los comicios autonómicos y locales y dentro de un año en elecciones generales. Particularmente las izquierdas tradicionales se están cogiendo lo que pueden perder con papel de fumar. Ayer dimitió una figura histórica de Izquierda Unida –Willy Meyer– que fue el cabeza de lista al Parlamento Europeo el pasado 25 de marzo porque participaba en un fondo de pensiones voluntario que actuaba a través de una sicav localizada en Luxemburgo. Meyer –cuya candidatura, por cierto, fue ampliamente criticada por diversos sectores en el seno de IU– explicó que no tenía ni idea que este fondo de pensiones se gestionara en una sociedad de inversión de capital variable. Es posible, aunque se antoje improbable. Y en todo caso, sinceramente, ¿cómo confiar en un diputado que no sabe donde tiene sus propias perras?

Más de 400 eurodiputados y exeurodiputados –entre ellos 39 de nacionalidad española– participan en este fondo. Es absolutamente legal, por supuesto. En España el patrimonio acumulado por las sicav ronda los 25.000 millones de euros según datos de 2011. Cabe señalar que, en efecto, las sicav tributan al 1% sobre los beneficios que obtienen por su inversión de capital, pero cuando sus partícipes retiran las plusvalías que han acumulado en estas sociedades pagan el 27%. Muchos suelen repetir con airada insistencia que desmontar las sicav –algo que, en todo caso, o se hace en toda la zona euro o no merece la pena intentar– solo significaría unos ingresos fiscales extra de unos mil millones de euros para el Estado español, una futesa frente a un déficit que supera los 120.000 millones. Y es tan cierto como el nulo papel que juegan estos instrumentos financieros en la dinamización de la economía. La estampa de cientos de eurodiputados –incluido el actual ministro de Hacienda– transformando un derecho (una pensión) en un privilegio fiscal de facto gracias a los impuestos de todos desgasta aun más la legitimidad de las instituciones y la desafección política.

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