Tribuna abierta

El derecho a elegir libremente la maternidad

25.06.2014 | 02:00

Amí, particularmente, siempre me ha molestado el que por ser mujer pase a formar parte de un saco en el que se incluyen a distintas minorías, grupos desfavorecidos y un cóctel sin sentido que en el caso de las mujeres necesita además, de determinados porcentajes o cuotas para poder tener representación pública o acceder a determinados puestos o cargos que por razones totalmente anacrónicas siempre han estado ocupados por hombres.

A estas alturas es impensable que se cuestione las capacidades y actitudes de una persona por una simple cuestión de género. Tampoco creo que ayude determinados modelos que nos tratan de imponer. Por ejemplo ¿qué papel se supone que tiene una reina en el siglo XXI? ¿Procrear y visitar a enfermos? Es simplemente inaceptable.

Como lo es sacar adelante una ley del aborto con la oposición de la mayoría de las mujeres, colectivos sociales y sectores implicados. Una ley absolutamente lesiva para cualquier mujer. En la que se retrocede 30 años y no se adapta a los avances establecidos en la vigente del 2010. Una ley de espaldas a la sociedad y que contenta a los sectores más rancios, sectarios e intransigentes. Sectores que aluden al derecho a la vida pero que en supuestos como los de malformación del feto olvidan que es exigible ante todo una vida digna y completa como ser humano.

Me preocupa cualquier mujer que se encuentre por circunstancias propias y personales en una situación tan dolorosa como es esta. En la que desde luego, es serio para ellas tomar esa decisión. La realidad del aborto existe, se gestione como se gestione por parte de los Estados. Ninguna regulación penal persuade a las mujeres que lo necesitan de abortar. La prohibición y restricción, lejos de bajar las tasas de aborto, genera inseguridad jurídica a las mujeres y profesionales sanitarios, aumentan las posibilidades de que se retrase el momento del aborto y de que se recurra a prácticas abortivas de riesgo.

La actual Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo que se va a derogar, garantiza el derecho a la educación y a la salud sexual como la mejor forma de prevenir las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados o los abortos. Establece que el Estado debe poner en marcha políticas específicas en materia de educación sexual, incorporando al sistema educativo en esta tarea.

Un estado avanzado, moderno, democrático y europeo debe preservar el derecho de cualquier mujer a ejercer su libertad de decisión. En un marco jurídico amplio que contemple como mínimo los mismos supuestos que ya existían, en ningún caso que los penalice. El Estado debe velar por el ejercicio de ese derecho. Pero la mayoría parlamentaria de la que disfruta hoy el Gobierno quizás permita aprobar una norma que la ciudadanía rechaza porque implica un nuevo recorte de los derechos humanos. El derecho de las mujeres a elegir libremente su maternidad.

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