tribuna abierta

Los sobresueldos

28.08.2013 | 02:00

Se demuestre o no, se reconozca o no, hoy muy pocas personas en España (fuera de España me atrevería a decir que ninguna) dudan de que algunos de los dirigentes actuales del PP, y otros que ya no están, cobraron sueldos del partido siendo diputados e incluso siendo ministros.
Lo que de momento no está tan claro es si los cobraron en A o los cobraron en B. Fíjense que no digo legal o ilegalmente, pues ilegales son tanto unos como otros. Por lo tanto, si lo reconocieran o si se demostrase, todos los que cobraron debieran dimitir de sus cargos públicos actuales de forma fulminante.

Es cierto que, aun siendo ilegales todos esos sueldos, no es lo mismo cobrarlos de una u otra manera. Así, cobrándolos en B, sería de forma extracontable. Lo que significaría que el partido tendría dos contabilidades, una oficial y otra extraoficial. Por otra parte, los que cobraron los sueldos estarían incumpliendo la legalidad vigente en cuanto a incompatibilidades, pero también estarían defraudando a la Hacienda pública. La repercusión tanto para el partido como para las personas sería aterradora. Sin embargo, cobrándolo en A habría una sola contabilidad oficial y no se defraudaría al Fisco. Si bien es cierto que también supondría algo repulsivo, pues el partido estaría haciendo algo que sabe que es ilegal y las personas incumplirían la ley Orgánica 53 de 1984 sobre Incompatibilidades, la ley Orgánica 5 de 1985 sobre el Sistema Electoral y el Estatuto de los Diputados por ocultarlo a la Cámara.

No hay disculpa, se cobre de una u otra forma, es un caso flagrante de ilegalidad que tiene que llevar la dimisión inmediata y la repulsa de todos los ciudadanos. Se puede pensar, a modo de cierta disculpa, que ganan poco dinero. Pero en absoluto les justifica ni lo más mínimo. Soy de los que piensan que los sueldos de los miembros del Gobierno son bajos. Pero ellos tienen la potestad de subirlos, por lo tanto que tengan la valentía de hacerlo, pero que no hagan trampas y pierdan la honradez que sus puestos requieren. Por otra parte, nadie les obliga a aceptar sus cargos, por lo que si lo hacen tienen que acatar la legalidad vigente de forma escrupulosa.

Ahora bien, no sé ustedes, pero yo cada vez que veo un caso como éste y advierto cómo funcionan internamente los partidos políticos me hago siempre la misma pregunta: ¿Quién ha decidido esta ilegalidad? En principio, los dueños de los partidos políticos son sus militantes, incluso, si me apuran un poco, por extensión también sus votantes (no olvidemos que los partidos políticos reciben subvenciones por cada voto), luego, al menos, se debiera someter a las bases de los mismos los sueldos que reciben sus dirigentes. ¿Piensan que se les propone para su aprobación a los afiliados de los partidos? ¿ Piensan que tan siquiera se les informa? Por supuesto que no. Es verdad que alguno de ustedes me podría decir que para eso está el comité o la comisión ejecutiva, pero créanme si les digo que tampoco ellos lo aprueban, es más, ni lo saben. Sólo tienen que hacer la prueba y preguntar a algún miembro de la comisión ejecutiva de cualquier partido si sabe los sueldos que se pagan en el mismo. Lo cual nos lleva a afirmar que la pequeña cúpula que maneja el partido es la única que sabe las artimañas de los sueldos, los ingresos, los gastos y cómo se reparte el dinero; en gran medida único fin por el que algunos de esos dirigentes está en el partido. De ahí la nula transparencia que existe en los asuntos económicos dentro de los partidos y, por consiguiente, la gran desconfianza hacia ellos de la sociedad.

El caso Gürtel, el de Bárcenas, los ERE de Andalucía, el caso Palau de Cataluña, los casos Marea y Niemeyer en Asturias... ¿Pero no tienen ninguna conciencia? ¿Cómo se va a reducir la corrupción sin ética y moralidad? Cometen delitos y atropellos continuamente, por acción o por omisión, pero con un denominador común: ninguno reconoce sus fallos, ninguno dimite, ninguno acepta dignamente el precio de sus trampas. Los ciudadanos sufren mientras ellos, los cínicos, se blindan política y económicamente.

Cada día son más las voces que se levantan pidiendo un cambio de rumbo. Hace falta una nueva ley de partidos políticos. Se necesita una democratización interna de los mismos, se necesita una total transparencia y control de su financiación y se necesita una imposición clara de penas para los infractores. El mal funcionamiento de los partidos políticos, la intolerancia de sus dirigentes y su impunidad es lo que marca el comienzo de la degeneración. En un momento económico tan difícil como el actual, donde la corrupción en España es portada de los principales periódicos internacionales, la única manera de incentivar la reactivación de la economía, el crecimiento económico y la creación de empleo es devolver la confianza a los ciudadanos. Y no existirá mientras no se depure hasta la última responsabilidad de corrupción, tanto en el orden penal como en el político.

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