tribuna abierta

Un puerto seguro no tan seguro

13.08.2013 | 02:00

Las revelaciones de Snowden en torno a Prism, el programa estadounidense de vigilancia por el cual EEUU habría estado espiando a ciudadanos europeos, han conseguido lo que casi dos años de reuniones, presiones y contrapresiones no habían logrado: que haya algo más de unanimidad en los países miembros de la UE para modernizar la política de protección de datos, aprobada en 1995, y adaptarla a la era digital, aunque sea en contra de la opinión de Estados Unidos.

En 2011, la dirección general de Justicia remitió al resto de departamentos de la Comisión Europea un borrador en el que se endurecían notablemente los requisitos para que las empresas o instituciones públicas recopilaran y mantuvieran datos de usuarios de internet. Atacaba especialmente el uso de esos datos con fines comerciales sin consentimiento del usuario. El borrador fue filtrado a EEUU y antes de que se acordara el texto final, ya obraban en poder de los encargados de debatirlo dos cartas, una de la Comisión Federal de Comercio de EEUU y otra de la embajada estadounidense ante la UE, en las que de manera clara e inequívoca se posicionaban en contra de la modificación, conscientes de que la nueva normativa perjudicaba los intereses públicos y también privados de muchas empresas de EEUU, como Facebook, Google, etc., cuyo modelo de negocios está directamente relacionado con la obtención de datos de los usuarios para obtener después rendimiento por ellos.

Cuando, finalmente, en enero de 2012, la comisaria de Justicia de la UE y vicepresidenta, Viviane Reding, presentó el plan, el texto final reflejaba ya el poder del lobby estadounidense y se habían eliminado aquellos aspectos que eran más lesivos para EEUU y por los que el lobby había luchado. Un lobby que la propia Reding no ha dudado en calificar de potentísimo, hasta el punto de que sólo el número de colaboradores de alguno de los grupos de presión estadounidenses que han intentado influir en el reglamento era diez veces superior al propio equipo de Reding.
Desde entonces, la conocida ya como Norma de Reding, había ido a duras penas abriéndose paso ante la presión estadounidense y la propia división dentro de la propia UE, sumando enmienda tras enmienda, algunas de ellas, además, con una extraordinaria coincidencia con el texto original presentado por el lobby estadounidense, según recoge la web del proyecto Lobbyplag, que defiende una mayor privacidad en internet. Tal era el enquistamiento que se estaba produciendo que todo apuntaba a que su tramitación final se pospondría hasta después de las elecciones europeas de mayo próximo.

Pero las revelaciones en torno a Prism han hecho cambiar de opinión, al menos de momento, a muchos de los parlamentarios europeos, hasta el punto de que no sólo es posible que se acelere la tramitación de la nueva norma, sino que algunos países van más allá y piden ya directamente que se suspenda lo que se conoce como Safe Harbour, el puerto seguro, una deferencia que Europa tuvo con Estados Unidos para salvar una parte de la anterior normativa, que prohibía que los datos automatizados pudieran ser compartidos desde la UE con otros países extranjeros que carecieran de una normativa que recogiera los estándares exigidos por Europa. Dado que EEUU no tenía una legislación que cumpliera las exigencias europeas, el departamento de Comercio estadounidense y la Comisión Europea pusieron en marcha un sistema para que las empresas estadounidenses certificaran voluntariamente que cumplían con los requisitos exigidos por Europa y salvar así la normativa. Un puerto seguro que a la postre no ha sido tan seguro.

Queda por conocer si todo esto quedará sólo en un calentón estival de los parlamentarios europeos, y el poder del lobby estadounidense volverá a frenar la tramitación o si realmente este episodio se traducirá en una decidida apuesta por una mejor legislación en protección de datos, que no vaya en contra de las emperras en lo que supone más costes (algunos de los puntos realmente eran inasumibles, como que cada empresa dispusiera de un gestor encargado de velar por el cumplimiento de la normativa), pero que asegure a los usuarios que nadie, sin su consentimiento, estará accediendo a datos de carácter privado y muchos menos vendiéndolos o lucrándose con ellos.

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