tribuna abierta

Sexo, intimidades y correos electrónicos

07.08.2013 | 02:00

La magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 46 de Barcelona ha levantado las medidas cautelares acordadas contra siete grupos de comunicación para evitar la difusión de una serie de correos electrónicos que contendrían información sobre aspectos de la vida sexual de Iñaki Urdangarín. Más allá de otras consideraciones, no triviales, a propósito de la forma en la que se han conseguido esos mensajes –la libertad de información no incorpora el derecho de acceso a la que no esté disponible en fuentes disponibles–, es oportuno analizar si de lo que estamos hablando es del ejercicio de la libertad de información o de la vulneración de la intimidad de un personaje público.

Es sabido que la libertad de información es uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática y, como ha reiterado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, incluye no sólo las informaciones o ideas que son favorablemente recibidas o resultan inofensivas o indiferentes, sino también las que chocan, inquietan u ofenden a las instituciones o a un sector de la sociedad (asunto Handyside contra Reino Unido). En las elocuentes palabras del Tribunal Supremo de Estados Unidos, el hecho de que la sociedad pueda considerar ofensiva una expresión no es razón suficiente para prohibirla; al contrario, puede ser causa para que se tutele (asunto Hustler Magazine contra Falwell).

Por estos motivos, las libertades de expresión e información que afectan a las instituciones y las personas que desempeñan cargos públicos gozan del máximo nivel de protección y toda interferencia en su ejercicio se presume indebida salvo que se justifique en una necesidad social imperiosa. Y, en mi opinión, tal interferencia indebida se produjo en España, por mencionar un caso bien conocido, cuando los tribunales condenaron al director de la revista El jueves y al autor de la portada en la que aparecían practicando sexo los Príncipes de Asturias pues, además de tratarse de una caricatura y no, por ejemplo, de una fotografía, era muy importante el contexto de la publicación, pues la sátira se dirigía no sólo contra la institución monárquica –se cuestionaba con pleno derecho su sentido y el esfuerzo exigido a los miembros de la Casa Real– sino también contra el anuncio del presidente Zapatero de una ayuda de 2.500 euros por cada nacimiento, a la que se tachaba de electoralista. Por cierto, resulta incomprensible que el Tribunal Constitucional rechazara el recurso de amparo de los condenados entendiendo que carecía de contenido constitucional relevante; ¿acaso no es relevante saber hasta dónde puede llegar la crítica a una institución como la Casa Real?

Dicho lo anterior, y como proclama la Constitución española (artículo 20), las libertades de expresión e información "tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia?.

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