tribuna abierta 

La reforma de la reforma municipal del PP

01.03.2013 | 02:00

El PP, por fin, se decidió a cumplir una de sus promesas electorales, quince meses después de las elecciones, y se lanzó frenéticamente a reformar los ayuntamientos españoles y canarios. La reforma pretende suprimir los municipios de menos de 1.000 habitantes, evitar duplicidades con otras administraciones y reducir el número de concejales y sus sueldos. Con permiso de Betancuria, hasta ahí todo iba razonablemente bien, hasta que decidió quitarle los servicios sociales a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que en Canarias son casi el setenta por ciento del total, 60 de 88, para dárselos a las comunidades autónomas.

Al PP, se le fue la mano y la pinza. Parece que le picaran los servicios sociales y quisiera quitárselos de encima a toda prisa, endosándoselos a las comunidades, antes de que pase la crisis. Lo extraño del caso es que ni los ayuntamientos han renunciado a una de sus competencias propias más importantes, los servicios sociales, ni las autonomías han pedido asumirlas, por carecer de los medios necesarios para prestarlas.

El discurso del PP se ha vuelto más de derechas que nunca, cuando era AP, desde que llegó a la Presidencia del partido y del Gobierno de España el conservador Rajoy y se fue la liberal Esperanza Aguirre, dejando al partido descentrado y sin esperanza. En la actual concepción conservadora del PP, los servicios sociales son sólo beneficencia y, por lo tanto, lo primero que se recorta cuando disminuyen los ingresos públicos. Un verdadero centrista, sin embargo, cree firmemente en una sociedad justa, por lo que los servicios sociales son uno de los principales elementos integradores del Estado, para garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades. Un estado liberal debe proporcionar los mismos servicios sociales, la sanidad y la educación, a todas las personas. Si no lo hace, sobra.

Tampoco es creíble, que el Gobierno Central proponga ahora reducir el número de eventuales de las corporaciones locales, mientras mantiene 853 asesores, los mismos que el manirroto Zapatero. Solo Rajoy paga una inmensa e injustificada nómina a más de 82 personas en la Moncloa, para que lo asesoren tan mal, tan mal, que así nos va.

Un centrista es reformista. Un conservador, al contrario, no reforma sino recorta, para conservar lo que hay. Y desgraciadamente, lo que queda ya no da para asegurar unas condiciones de vida dignas a todas las personas españolas y canarias, por lo que debemos reformar el llamado estado de bienestar social, no para desmontarlo, como al parecer pretende el PP, sino para consolidarlo.
Porque un estado de bienestar que se precie debe funcionar mejor durante la crisis económica, que en una época de prosperidad, ya que las personas demandan menos ayudas sociales cuando trabajan.

Los alcaldes y alcaldesas populares deben advertir a sus dirigentes que no aceptarán una reforma que desmantele los servicios sociales municipales en medio de la peor crisis económica de la historia, porque la gente que los votó no se lo merece y no les perdonaría nunca que la abandonaran cuando más los necesitaba. Lo demás es discutible, incluso muchas cosas pueden ser razonables, pero eso no. Así que alguien del partido popular, si queda algún centrista ahí dentro, que reforme la reforma.

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