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La cárcel (y 2)

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LUIS COLA BENÍTEZ Ante el estado ruinoso de la vieja cárcel de la calle de la Marina, el comandante general Juan de Ordavás ofreció un local o cuadra en el castillo de Paso Alto que no se aceptó por ser totalmente inapropiado, y se solicitó presupuesto para arreglar alguna dependencia del convento de San Francisco, lo que se tardó años en hacer. La carencia de fondos era total y se hizo necesario quitar los dos celadores y rebajarle el sueldo al alcaide. No obstante, en el primer presupuesto municipal de Santa Cruz, que no era sino una previsión de gastos para 1824, se incluían 3.600 rs. para el alcaide de la cárcel y 1.950 para manutención de presos, a razón de 90 rs. al mes, pero todo quedaba en una declaración de intenciones.
Se hicieron unos pequeños arreglos, los más imprescindibles, pero a costa de atrasar otros pagos, como se evidencia al constatar las repetidas reclamaciones del alcaide para que se le abonara algo a cuenta de lo que se le debía. En mayo de 1827 se le adeudaban siete meses de salario y así continuó la situación, hasta el punto de que casi diez años después, ante nuevas reclamaciones se contesta al alcaide que el problema lo sufren todos los empleados municipales porque no hay fondos y si se atiende su petición habría que hacer lo mismo con los demás y ello es imposible.
Todo siguió igual, o peor, en los años siguientes. Cuando llovía entraba el agua por todos lados, y había que reunir a todos los presos en la habitación del alcaide, cuyo techo arregló por su cuenta, para que no se mojasen. Se hizo presupuesto de arreglo y trastejado de toda la casa a cargo del regidor Gregorio Asensio Carta, pero quedó pendiente de que el gobernador civil aportara los fondos necesarios o dijera de dónde podían sacarse. Transcurrido un año el jefe político ordena al ayuntamiento de La Laguna que facilite sin excusa las cantidades necesarias para sostener los pobres presos de la cárcel de esta cabeza de Partido, por haber agotado el Ayuntamiento de Santa Cruz todos sus recursos. Entretanto, Gregorio Carta informaba que lo mejor era derribar la ruinosa cárcel y hacerla nueva, pero la casa era alquilada, lo que impedía esta solución, y se optó por otra provisional, también de alquiler, en la misma calle de San Francisco, esquina al callejón de Boza, donde permaneció hasta mayo de 1840.
En 1837 la Junta de Enajenación cedió provisionalmente al ayuntamiento los dos conventos, pero la corporación seguía pensando en construir un edificio para cárcel en la calle San Francisco y se nombró una comisión para que propusiera el plan necesario. Cuando se recibió el presupuesto de 7.328 pesos, dice el acta de la sesión que la comisión se vió sumida en la mayor de las perplejidades considerando ser esta una empresa demasiado ardua. Había que buscar una solución, pues la casa que ocupaba la cárcel estaba en un estado lamentable, y se optó por buscar la forma de reparar algunas salas del convento de Santo Domingo, las que daban al barranquillo, lo que se estimaba en una cuantía de 1.200 pesos. La cárcel vieja se vendió a la firma Lebrun&Davidson con la idea de aplicar el producto al acondicionamiento de Santo Domingo, lo que impidió la orden recibida para que se destinara a equipar la Milicia Nacional, quedando un resto de unos 500 rs. que se emplearon en los más imprescindibles arreglos, a cargo de Julián Robayna. Por fin, en abril de 1840, los presos fueron trasladados a Santo Domingo.
Pero siguieron las dificultades y los reclusos se quejaban de las malas condiciones y falta de espacio, lo que se vio agravado cuando la Junta de Beneficencia decidió establecer una casa de socorro para mendigos de mala conducta justo al lado, aunque con la ventaja de que el rancho para los acogidos era el mismo, mediante un torno que costó 177 rs. Y permitía la distribución de los alimentos en lebrillos o basijas de lata. Pero las quejas continuaban por la fetidez dimanada de las basuras corrompidas, lo que obligó a una limpieza, sólo lo imprescindible, hasta que Fortificaciones devolviera los 14.000 rs. empleados en equipar la Milicia, lo que no sabemos si llegó a producirse.
En 1847 el arquitecto Manuel de Oráa certificó el estado ruinoso del exconvento y recomendó el traslado de los presos a San Francisco, donde las condiciones no eran mejores por las humedades y defectos de los excusados. Durante muchos años los problemas se agudizaron y se seguía pensando en la construcción de una cárcel nueva, sueño que una vez y otra resultaba inalcanzable. Por fin, la Dirección General de Prisiones tomó a su cargo la construcción de la prisión provincial, proyectada en 1927, presupuestada y empezada en 1934, terminada en 1949, en un terreno de 12.000 m2, puesto a disposición por el Cabildo Insular.

*De la Tertulia Amigos del 25 de Julio (www.amigos25julio.com)

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