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editorial

Las universidades, al borde del precipicio

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Hace casi ocho meses, el 9 de septiembre del pasado año, el rector de la Universidad de La Laguna, Eduardo Doménech, procedía a la inauguración del curso académico ante cientos de alumnos, docentes y gestores políticos, entre ellos el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, que acudió, como sus antecesores, con la certeza de que los reproches y las quejas iban a constituir el eje central del discurso del mandatario universitario. Así fue. Doménech mostró su decepción por la escasa partida presupuestaria para afrontar los nueve meses de estudios y señaló que los políticos no acaban de creerse que la educación y la investigación constituyen dos pilares fundamentales para el desarrollo económico. Subrayó también que la salida de la crisis será más rápida si la enseñanza superior desempeña el papel relevante que le corresponde dentro de las políticas de financiación; mencionó que la inversión en educación y ciencia se había detenido los últimos años y acusó al Gobierno regional de mantener el presupuesto educativo por debajo de la media española en gasto por alumno en relación al Producto Interior Bruto.

No se equivocaba el gestor universitario, porque existen abrumadoras evidencias de que los países que no tienen un alto nivel educativo y científico alcanzan un techo de cristal que, si no llega a romperse, provoca un bajo desarrollo. En España, y especialmente en el Archipiélago, lo hemos podido corroborar y así se refleja en sucesivos informes de otros tantos organismos internacionales de calificación. Como contrapartida, es necesario construir un nuevo modelo sostenible económicamente, basado en el conocimiento y en su transferencia a través de la innovación, la formación del capital humano, la mejora de la productividad y el fomento del talento y la creatividad.

Ajeno era el rector a la que se venía encima meses después. El 13 de abril, el Gobierno de Mariano Rajoy anunciaba la constitución de una comisión de expertos para la reforma del sistema universitario que podría impulsar propuestas para ajustar la oferta de títulos y la especialización de los centros. El Ministerio de Educación, con José Ignacio Wert al frente, se refería también al impulso de la especialización de las universidades en diferentes áreas de conocimiento, a optimizar la oferta de títulos y promover sinergias entre las instituciones de educación superior (laboratorios y otras instalaciones comunes, oferta académica conjunta), y a aplicar sistemas de evaluaciones externas que valoren la actividad docente e investigadora e incentivar los resultados positivos con complementos y dotaciones. Es decir, que el modelo actual se ha quedado obsoleto, que los claustros están sobredimensionados y envejecidos y que sobran actores en esta película. Todo ello, unido a los recortes presupuestarios, deja a las universidades españolas y especialmente a las canarias, al borde del precipicio.

La Dirección General de Universidades del Gobierno de Canarias ya ha calculado en 400 el número de docentes sobrantes y ahora es labor de los rectores iniciar los recortes a los que les han forzado para evitar los despidos. Eso sí, cualquier ajuste en un sistema ya raquítico por la falta de inyecciones económicas puede derivar en una mala atención a los alumnos y ello supondría destruir la máxima de que sin conocimiento no puede existir una sociedad desarrollada.

Las universidades del Archipiélago se encuentran en la encrucijada y deben recibir el apoyo del Gabinete de Paulino Rivero, que también ha sufrido severos recortes presupuestarios, para mantener las estructuras actuales y evitar la descomposición del sistema. Y también de toda la sociedad canaria. Nos va el futuro en ello.

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