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retales de la historia

El primer alcalde elegido

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LUIS COLA BENÍTEZ Parece lógico que el primer alcalde de Santa Cruz, Bartolomé Fernández Herrero, fuera nombrado por el Adelantado. Así sería también al principio para todas aquellas localidades cuyos núcleos de población iban adquiriendo una entidad que llevaba al Cabildo único de la Isla a estimar necesaria la presencia de una especie de delegado que, aunque con un mínimo poder de decisión y apenas un aroma de autoridad, según uno de nuestros cronistas, pudiera al menos informar de las ocurrencias de cada lugar y ejecutar las órdenes recibidas. Pronto el nombramiento de estos empleos quedó a cargo de los gobernadores, a los que también se les denominaba corregidores, o jueces de residencia, que a su vez ostentaban sus cargos por designación real. En ausencia de estos, podía presidir el cabildo el alcalde mayor, aunque las competencias de este último eran principalmente judiciales.

Los nombramientos de alcaldes ordinarios y alguaciles "de la tierra", solían recaer en personas avecindadas en la localidad, conocidas por sus conciudadanos, y con medios de vida aceptables que les permitieran dedicar parte de su tiempo a las labores de su cargo. Podían conocer en pleitos civiles hasta 600 maravedíes, pero en las causas criminales, aunque podían recibir querellas y detener a los implicados, tenían que remitirlos al cabildo con el proceso incoado.

Así se hizo durante cerca de dos centurias y media, pero con el crecimiento que el Lugar y Puerto de Santa Cruz había alcanzado en el siglo XVIII, su movimiento comercial, el tráfico que acogía su bahía y el establecimiento de firmas de contratación, se hacía cada vez más evidente que las facultades otorgadas a sus alcaldes eran manifiestamente insuficientes. Así las cosas, el procurador síndico de Santa Cruz, don Roberto de La Hanty, ganó una real cédula fechada el 21 de enero de 1755, por la que Fernando VI ampliaba la jurisdicción del alcalde del puerto en el conocimiento de los litigios hasta los trescientos ducados de la moneda de las islas, de forma que, como señala Poggi y Borsotto, se aminoró en mucho los perjuicios que sufrían de tener estos vecinos que recurrir a La Laguna para ventilar sus derechos. Como era de esperar, esta concesión real fue recurrida por el Cabildo de La Laguna, pero sin ningún resultado.

Cuando en 1766 el Consejo de Castilla dictó las normas para la elección de los diputados del común, a los que concernían los asuntos de abastos, establece que debían ser elegidos por 24 electores por parroquia, designados entre los vecinos seglares y contribuyentes, y Santa Cruz no se lo pensó dos veces. A los pocos días se reunieron los vecinos en la iglesia y por primera vez se eligieorn dos diputados del común, que fueron Salvador Morera y Matías Bernardo Rodríguez Carta, pero el nombramiento no tuvo efecto por orden de la Real Audiencia, puesto que en realidad el sistema se refería a los municipios y Santa Cruz aún no tenía ayuntamiento propio.

En cuanto a la elección de alcalde, hubo que esperar unos cuantos años. Ya hacía tiempo que no los nombraba directamente el corregidor, sino que lo hacía la Real Audiencia a partir de una terna que aquel le presentaba, hasta que una real orden de 1772 estableció que fueran elegidos por el mismo sistema que los diputados del común, celebrando elecciones anualmente por una junta de 24 electores. En las convocadas en diciembre resultó elegido el capitán Matías Bernardo Rodríguez Carta, que tomó posesión el primero de enero del año siguiente. Ya tenía Santa Cruz un alcalde elegido por sus propios vecinos, aunque estos formaran un grupo verdaderamente restringido.

Pero, ¿qué podía hacer el flamante alcalde? No disponía de recursos propios, ni de medio alguno para desarrollar su labor o que le permitiera realizar la menor iniciativa y todo había que basarlo en contribuciones voluntarias de los vecinos, llegándose en ocasiones a pedir limosna por las calles para diferentes necesidades, como cuando se rindió un estribo del puente de El Cabo, o poniendo el propio alcalde dinero de su bolsillo. En esta situación, en mayo tuvo lugar una junta de vecinos, con la aprobación del comandante general Miguel López Fernández de Heredia, que por primera vez pidió que se instituyera ayuntamiento en el Lugar y Puerto, y que se le dotara de medios, si no suficientes, al menos los imprescindibles, para lo que se sugería le fueran transferidos los productos del Haber del Peso y del Estanco del Jabón, ambos, como era natural, pertenecientes a los propios del Cabildo que, también naturalmente, se opuso a ello.

Lo que sí se logró poco después fue que las ausencias del alcalde no fueran suplidas por regidores de La Laguna, sino por el que el propio titular designase para ello o por el que le siguiera en número de votos.

*De la Tertulia Amigos del 25 de Julio (www.amigos25julio.com)

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