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tribuna abierta

Prevaricación en el Palacio de Justicia

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ELIGIO HERNÁNDEZ, MAGISTRADO EXCEDENTE Al igual que vaticiné en artículos anteriores que la Sala Segunda del Tribunal Supremo revocaría la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia que condenó al magistrado José Antonio Martín, que era presidente de la Audiencia Provincial, me atreví también a anticipar que la resolución del Pleno del Consejo del Poder Judicial, de 22 de abril de 2010, que acordó separarle de la Carrera Judicial, diez días antes de su jubilación, sería revocada por la Sala 3ª del Tribunal Supremo, con lo que se habría consumado impunemente uno de los errores judiciales e injusticias más ignominiosas de la historia judicial de Canarias, como así ha sucedido con la sentencia de esta Sala de 30 de abril de 2012, que le da un fuerte varapalo al Magistrado Instructor del expediente disciplinario y a la Comisión Disciplinaria del anterior Consejo General del Poder Judicial "por no apreciar la caducidad y usar ilegalmente contenidos legalmente secretos de una instrucción penal"(F.J.8º), y llega a la conclusión, en síntesis, de que "la prueba que se pretendía extraer de proceso penal,- en el que fue absuelto José Antonio Martín,- resultaba ilícita e inconstitucional al entrar en colisión con el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones del expedientado"(F.J.9º).

Si alguna autoridad de las Administraciones públicas o del Poder Legislativo hubiera cometido un error similar en el ejercicio de sus competencias, tendría ahora que dimitir irrevocablemente, como deberían hacerlo los magistrados y fiscales que intervinieron en la instrucción penal y condenaron en el plenario a dicho magistrado, si hubieran sido elegidos por el pueblo para desempeñar sus funciones judiciales. También debieran dimitir el Instructor del expediente disciplinario y los Vocales de la Comisión Disciplinaria del anterior CGPJ, pero tampoco lo harán, ya que éstos han cesado con ocasión de la renovación última de éste órgano. Pero, al menos, dichos jueces y fiscales deberían pedir la excedencia de la Carrera Judicial y Fiscal como único remedio éticamente exigible para reparar la vulneración del derecho a la imparcialidad objetiva que inspira la función judicial. Claro es que si tuvieran la altura moral para hacerlo, habrían evitado la implacable persecución y el horrendo calvario que ha padecido José Antonio Martín y su familia, por razones incomprensibles, cuando no inconfesables.

Sobre este caso, ya he escrito que la crítica a las resoluciones judiciales, que sólo supone un control difuso del poder judicial, es imprescindible para evitar errores judiciales e injusticias irreparables y mantener la confianza del pueblo en una Justicia sustraída al control público (STC. 96/1987), a la que el referido error judicial le ha ocasionado un daño de lesa justicia. Si a un presidente de la Audiencia Provincial se le ha suspendido injustamente de empleo y sueldo durante cuatro años, investigado su patrimonio y el de su familia, condenado y separado de la Carrera Judicial, ¿qué confianza puede tener en la Justicia el justiciable que acude a los Tribunales en garantía de sus derechos? Aunque en situación de excedencia de la Carrera Judicial voluntariamente asumida para que mi conocida militancia política socialista no empañara la imparcialidad objetiva, confieso que este caso ha removido los cimientos más íntimos de mi vocación judicial, una de las mas excelsas y nobles que puede desempeñar una persona. Rásguese quien quiera su toga, pero de la misma manera que se puede acusar de prevaricación a cualquier cargo público, también se puede acusar a los cargos públicos judiciales, que no tienen patente de corso, como hizo Emilio Zola en 1898 en su artículo "yo acuso" sobre el caso Dreyfus. La Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 160/2003 (Sala Primera), de 15 septiembre, Recurso de Amparo núm. 6316/2000, ha sentado la encomiable doctrina de que "Las acusaciones de prevaricación hechas en el contexto de una crítica política a la actuación de un cargo público, en cuya actuación se señala que pueden existir corruptelas, son críticas legítimas que la Constitución ampara en asuntos de interés público, y no sólo aquellas más o menos inofensivas e indiferentes, sino también aquellas otras que puedan molestar, inquietar, disgustar o desabrir el ánimo de la persona a la que se dirigen, siendo más amplios los límites permisibles de la crítica, cuando ésta se refiere a las personas que por dedicarse a actividades políticas, están expuestas a un más riguroso control de sus actitudes y manifestaciones, que si se tratase de particulares sin proyección pública ( STC 3/1997, de 13 de enero [ RTC 1997\3] .La acusación de prevaricación, es decir, de un delito propio de las autoridades o funcionarios públicos, no tiene necesariamente desde el punto de vista jurídico un efecto reflejo sobre la reputación de los presuntamente favorecidos".

Hora es ya de que los políticos, –principales responsables de que el pueblo, del que emana la Justicia (art.117.1 de la C.E.), pero al que nunca se le deja hablar sobre esta materia, haya perdido la confianza en ella por no dotarla de medios suficientes, politizarla, y aplazar las imprescindibles reformas de un proceso penal obsoleto–, dejen de proclamar con hipocresía su respeto y confianza en la Justicia cuando ésta se pronuncia sobre casos con repercusión mediática. Cada vez que alguien me pregunta si confío en la Justicia, contesto invariablemente: "depende del juez o fiscal que la administre". Desde luego, no me merecen confianza los jueces y fiscales que instruyeron, dictaron resoluciones inculpatorias, o emitieron informes en el caso José A. Martín. Afortunadamente sí me merecen plena confianza la mayoría de jueces y fiscales, que, como ha escrito Alejando Nieto, son justos no sólo al aplicar la Ley sino en hacer justicia, de acuerdo con la ley, e incluso a pesar de ella, aunque nunca contra ella, con una vocación a la que no regatean esfuerzos y toda clase de sacrificios laborales y personales, y, sobre todo, imbuidos por la más sublime ética profesional.

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