Sobre la necesidad de las fusiones

GUILLERMO NÚÑEZ PÉREZ
CATEDRÁTICO DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO Las crisis económicas siempre tienen un aspecto positivo: conducen a replantearse cuestiones sobre qué cosas han de ser cambiadas para tratar de salir de las mismas de la mejor manera posible. Es verdad que resulta engañoso hablar de soluciones genéricas para todos, pues resulta obvio que no es lo mismo buscar una solución de empleo al parado mayor de cuarenta y cinco años, que al directivo de una Caja de Ahorros que previamente se ha garantizado un suculento plan de pensiones y una indemnización multimillonaria para el caso de verse desplazado de su condición como consecuencia de la crisis. Sin embargo, es obligación de cualquier Gobierno mínimamente responsable adoptar decisiones que traten de incidir en la búsqueda de soluciones que reviertan en términos generales en una mejora de las condiciones para todos. Desde esta perspectiva, el proceso actual de reordenación de las entidades financieras y, fundamentalmente, de las Cajas de Ahorro, viene a poner de manifiesto la firme voluntad por parte del Gobierno de acabar con los "alegres andares" de unas entidades que en gran medida se han visto mediatizadas en su actuación por los condicionantes políticos, pero también, por la impunidad casi que absoluta (y ello sería extensible a los directivos de todas las entidades financieras) de las decisiones adoptadas por sus gestores.
Pero si es obligación incuestionable del Gobierno tratar de fijar las "reglas de juego" en las que ha de desarrollarse la actividad financiera privada a fin de que la misma no afecte en términos negativos la propia estabilidad del sistema en su conjunto y a los intereses de los consumidores, o la de apoyar con dinero público, mediante el establecimiento de contrapartidas, procesos de fusión y reordenación de entidades en aras a la salida de la crisis actual, no lo es menos el que se planteen medidas tendentes a ordenar y racionalizar la Administración Pública. Y en este último terreno, hablar de "fusiones" y no digamos ya de "liquidaciones", es tanto como hablar de la "soga en casa del ahorcado". Porque resulta evidente que siendo necesario y urgente redimensionar no ya el llamado sector público empresarial, sino la concurrencia en un mismo territorio de distintas Administraciones (estatal, autonómica, provincial-insular y municipal), el problema a resolver se halla directamente condicionado por el hecho de que los que han de tomar las decisiones son los mismos que han creado el problema, es decir, nuestros políticos.
Como contribuyentes, vivimos a diario como tragicomedia la falta de voluntad real de nuestros políticos a la hora de renunciar a sus variados privilegios, y entre ellos, a los que se derivan de ser presidentes/consejeros de un Cabildo, alcaldes/concejales de un ayuntamiento o presidente/consejeros de una comunidad autónoma. A estas alturas de la crisis en la que estamos inmersos, sería francamente ejemplarizante y supondría un refuerzo a la deteriorada moral ciudadana, comprobar, a título de ejemplo, cómo el alcalde de Santa Cruz o el de La Laguna se dirigen al pueblo para anunciarles que han decidido fusionar los ayuntamientos de una y otra ciudad a fin de así contribuir de manera eficaz al no despilfarro de los recursos públicos. Mucho me temo, sin embargo, que esto no lo vamos a ver nunca, pues el derroche se seguirá justificando sobre argumentos tan poco sólidos y falaces como el de la distinta personalidad (histórica) de laguneros y chicharreros. Al fin y al cabo, los recursos públicos, por ser de todos, no son de nadie...