El PP pone en peligro la Ley de la Dependencia

AURELIO ABREU
CONSEJERO DE BIENESTAR, SANIDAD Y DEPENDENCIA DEL CABILDO DE TENERIFE En atención y solidaridad a ese esfuerzo callado, impagado e impagable (muy a menudo realizado por mujeres), el Gobierno del PSOE tuvo entre sus prioridades aprobar e impulsar la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y a las familias (llamada Ley de Dependencia) en las dos pasadas legislaturas.

Que la actual situación de crisis va a repartir recortes es algo que no se le esconde a nadie. Pero no tiene justificación, ni puede admitirse sin pelea, que esos recortes vayan a golpear precisamente a quienes ya han sido amoratados por la vida y por las circunstancias.

La moratoria (o congelación) en la prestación de las ayudas y en el reconocimiento de nuevos beneficiarios que ha anunciado el Gobierno del PP (con la boca chica, como no queriendo dar muchas explicaciones, porque el relumbrón se lo debe llevar la cacareada reducción del déficit, altar sagrado donde se puede sacrificar a cualquiera) viene a cargar el peso de la austeridad sobre quienes ya tienen las espaldas encorvadas.

La Ley de Dependencia tiene el potencial para convertirse en un pilar del Estado del Bienestar, y con ese espíritu la pusimos en marcha los socialistas.

No contamos, desde luego, con el apoyo de los gobiernos regionales del PP, empeñados en boicotearla al no poner los recursos necesarios para su pleno desarrollo.

Y su pleno desarrollo no es sólo una cuestión de derechos ciudadanos, sino de economía y de generación de empleo en el sector de los servicios y la atención social. Algo que no han sabido ver muchos dirigentes del PP, capaces de pasar por encima de las personas con tal de no poner de su parte para apoyar una ley que ha partido del PSOE.

Esta Ley ha padecido muchos reveses, desde la insuficiencia financiera por parte de las Comunidades hasta la falta de personal en la Administración para sacar adelante el volumen de trabajo y solicitudes pendientes. Esto ha desembocado en que los retrasos para percibir las ayudas, a veces con resultados trágicos como el fallecimiento del beneficiario antes de poder recibirlas, se considere resignadamente como parte del proceso, cuando no es así.

Los socialistas no estamos dispuestos a consentir que se atropelle a los ciudadanos más débiles en nombre de una reducción del gasto que nunca debería ser sinónimo de reducción de los derechos.

Está en nuestros principios dar la batalla para que la crisis no arramble con lo que nos queda de solidaridad, igualdad y justicia social.