tribuna abierta

Empleados públicos

Se viven malos momentos para los cuatro millones y medios de parados españoles pero para los Empleados Públicos de Canarias...

26.07.2010 | 14:54

La actual crisis económica engendrada por la nefasta gestión del gobierno de Zapatero, junto con el resto de Europa, motiva malos momentos para los cuatro millones y medios de parados, pero también para los Empleados Públicos de Canarias, especialmente si se lleva a cabo el Anteproyecto de Ley de la Función Pública de Canaria. Una situación, que se convierte en la más grave de toda la historia de los empleados públicos de Canarias, pues son solo afectará a los trabajadores de las distintas consejerías y organismos del gobierno autónomo, sino también a las corporaciones locales institucionales que están representadas por funcionarios y laborales.

Si esta Ley prospera, la independencia del trabajador público se verá severamente comprometida; viéndose sometidos a la arbitrariedad de los gestores políticos, los cuales serán en última instancia los que decidirán sobre las retribuciones, promociones profesional, el desempeño positivo o negativo del trabajo y sobre la continuidad de los puestos de trabajos de los funcionarios y laborales, y, que en algunos casos podrán amortizar sin ningún tipo de trabas. Del mismo modo, podrán resolver contratos laborales que se derivan de sentencias judiciales o bloquear la carrera profesional si los funcionarios y laborales no son lo suficientemente complacientes.

Así mismo, y si esta Ley prospera, los altos cargos no sólo serán profesionalizados y por tanto desempeñados por funcionarios (que es la línea de lo que está haciendo la administración del estado desde subsecretario para abajo), sino todo lo contrario: la administración canaria podrá llenarse de directivos no funcionarios que gestionarán la cuestión política y decidirán sobre el trabajo de los funcionarios y laborales. El Gobierno estatal, junto con el regional, con sus propagandas negativas sobre el rendimiento en el trabajo e imagen de los trabajadores públicos de Canarias, han conseguido que una parte de nuestra sociedad tenga un imagen errónea de los funcionarios y laborales. Es hora y momento, para que las organizaciones sindicales se unan, con el objetivo de que los derechos constitucionales de los empleados públicos no se vean adulterados por la propia administración.

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