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Impuesto de bandera y banderilla

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ÁNXEL VENCE Aprovechando el flamear de banderas que siguió al triunfo de España en el Mundial, el presidente Zapatero acaba de anunciar una próxima subida de impuestos a aquellos contribuyentes que más dinero ganen. "Detrás de las banderas, esquilman las carteras", dice una vieja máxima que en este caso suena a premonición.

Se ignora exactamente a quién pretende sacarle los untos el Gobierno, aunque sí se sabe a quién no. Quedarán a salvo de requisas, desde luego, las grandes fortunas del país que cotizan al 1% gracias a la ingeniosa fórmula de las Sicav: unas sociedades de inversión creadas en su día con el elogiable propósito de evitar que los multimillonarios se llevaran sus capitales a Suiza o por ahí.

Excluidos los ricos de verdad y descartada también la idea de gravar aún más a las empresas con el impuesto de sociedades, la garra de Hacienda se posará tan sólo sobre las personas de "alta capacidad económica", que tal es la enigmática expresión utilizada ayer por Zapatero en el Congreso. Una de dos: o el presidente quiere reinstaurar el arcaico impuesto sobre el lujo con el que el franquismo gravaba la adquisición de yates, mansiones, joyas y coches de alta cilindrada o, bien, tiene en mente un nuevo puyazo a las rentas de los trabajadores mejor dotados de sueldo. Incluso pudiera ocurrir que esté pensando en ambas cosas a la vez.

Habrá quien considere injusto que se penalice el trabajo, por bien retribuido que esté, mientras se trata con el mayor de los mimos fiscales al capital y sus rendimientos; pero ya se sabe que éste ha sido históricamente un país de rentistas. No es cosa de romper ahora con esa tradición y menos aún si se tiene en cuenta que meterle mano a una nómina resulta mucho más sencillo que ponerse a averiguar cuántos arrendadores olvidan declarar la renta de sus inquilinos o a rastrear las opacas guaridas del dinero negro. El Estado necesita fondos y los necesita ya, de modo que no hay tiempo que perder buceando en las alcantarillas del fraude o preguntándose de dónde sacan los contrabandistas el dinero para las fianzas con las que pagan su peaje a la libertad. Lo más notable, sin embargo, es que Zapatero haya presentado el nuevo asalto a la cartera del contribuyente como una simple petición.

Educado y cortés, el jefe del Gobierno se ha limitado a anunciar que pedirá a los españoles "nuevos esfuerzos" -es decir, más dinero- con el propósito aparente de sufragar la factura de anteriores derroches. Dicho así, parecería que el pago de los nuevos tributos es voluntario, pero tal interpretación no se contradice gran cosa con el hecho de que los impuestos, como la propia palabra sugiere, son algo que los gobernantes imponen a los ciudadanos sin posibilidad alguna de elección o réplica.

Cuando el Presidente dice que "pedirá" algo que manifiestamente va a imponer no está haciendo en realidad otra cosa que recurrir al eufemismo: esa variante gramatical de la censura. Nada más lógico. Imparcialmente inspirado por George Orwell y la Alicia del País de las Maravillas, Zapatero ha hecho del lenguaje su principal arma de gobierno durante estos últimos años.

Esa indudable habilidad es la que le permitió reducir la crisis a una mera "desaceleración" que, tras tomar velocidad, alcanzaría el todavía módico rango de "desaceleración acelerada". La misma técnica le permitió definir como "crecimiento negativo" -o lluvia hacia arriba- lo que los economistas, mucho más clásicos, pretendían llamar recesión; o bautizar como "reajustes al alza" lo que para el resto del mundo eran simples subidas de precios.

Obligados a descifrar esa curiosa jerga de los gobernantes, y en particular la de Zapatero, no extrañará que los ciudadanos ignoren a estas alturas quiénes serán exactamente las víctimas del próximo reajuste (al alza) de los tributos.
Lo único seguro, eso sí, es que serán unos impuestos de bandera. O de banderilla clavada en todo lo alto.

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