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apuntes históricos (248)

Los alcaldes de Santa Cruz

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LUIS COLA BENÍTEZ A mediados de 1926 el Ayuntamiento decidió formalizar un contrato de compra con la Sociedad de Edificaciones y Reformas Urbanas para adquirir terrenos para vías públicas que permitieran enlazar 25 de Julio con el Paseo de los Coches y Méndez Núñez desde Numancia hasta Pilar. También se decidió declarar nulo y sin valor cualquier principio de acuerdo de cesión de derechos a otras corporaciones del edificio Villasegura, para el que se hizo un presupuesto extraordinario para su terminación, con la intención de trasladar a su segundo piso la Escuela de Comercio y dejar libres los locales que ocupaba en las dependencias municipales, mientras que la de Náutica permanecería por el momento en la primera planta del palacio Municipal.

Sanabria continuaba presentando nuevos proyectos y uno de ellos fue construir sobre el solar de viejo convento de San Francisco un nuevo edificio capaz de albergar Biblioteca, Museo y Escuelas –la escuela se suprimiría posteriormente-, locales para Audiencia y Juzgados y viviendas para el Presidente, Fiscal y Juez de 1.ª Instancia, para todo lo cual se acordó sacar a concurso el proyecto y se habilitó un presupuesto especial. Respecto a la cesión al Ayuntamiento de varios edificios del ramo de Guerra, ya vimos en el artículo anterior que por fin, después de gestión personal del alcalde en Madrid, se habían logrado en gran parte. No obstante, la cesión no cubría la totalidad de las demandas del Ayuntamiento y se repitió la petición de que se suprimiera o se declarara de tolerancia la zona polémica que afectaba a las baterías de San Francisco y Alfonso XIII

Reincorporado García Sanabria después de su viaje a Madrid, se habilitaron créditos para diversas acciones, entre las que se pueden citar: pagar el resto de los terrenos del Parque, 21.696,30; adquisición de cuartos o locales del Mercado, 78.000; materiales para las obras de Roque Negro-Catalanes, 6.000; desviación del barranquillo del Aceite y canalización de las aguas de las laderas de Las Mesas, 20.000; expropiaciones para repoblación de la cuenca de Catalanes, 30.000; reparación y reforma del pavimento de calles, 410.564,08 pesetas. La habilitación de créditos para estas realizaciones fue aprobada por unanimidad de los 25 concejales presentes. Independientemente se formuló un presupuesto extraordinario por el coste de la construcción del nuevo edificio para Gobierno Militar y la fianza que había que depositar en la Comandancia de Ingenieros, por un importe total de 1.400.000 pesetas, cuya mayor parte se amortizaba con la venta de las instalaciones militares cedidas, restando una diferencia en contra de 200.000 pesetas, a cubrir por un empréstito a emitir por el Ayuntamiento.

Se trataba también de mejorar las condiciones de viviendas y edificios, para lo que se acordó hacer un registro sanitario y designar al médico José Sánchez Pinto para el reconocimiento de todas las casas y viviendas de la población. Otra moción del alcalde se refería a edificaciones ruinosas o en mal estado de la plaza de la Candelaria y calle Alfonso XIII –Castillo-, proponiendo un plazo a los propietarios para su reedificación o restauración, so pena de expropiarlas y vender sus solares a constructores que levantaran al menos tres plantas. Esta moción fue aprobada en enero del año siguiente.

En cuanto a montes, aguas y jardines públicos, se designó al ingeniero Leoncio Oramas para el deslinde y amojonamiento de los montes comunales, comenzando por el de San Andrés, con la retribución de 300 pesetas por kilómetro de línea de monte deslindado y se aprobó proceder a la limpieza de los manantiales de Monte Aguirre, proponiendo el alcalde adquirir en el de Aguirre y en el de Taganana 25 fanegadas para repoblación, por 13.000 pesetas.

Se había ido saldando la deuda con la Compañía Eléctrica y, ante las deficiencias que se seguían observando en el alumbrado público, se pidió al gobernador civil que designara ingenieros industriales para practicar una inspección de la fábrica. Así se hizo y, recibido el informe técnico, se pasó a la comisión de Fomento para que determinara el plazo que se podía conceder a la concesionaria para la realización de los trabajos necesarios para garantizar la eficacia del suministro.

Durante estos años se continuó remitiendo gratuitamente agua a las islas de Fuerteventura, Lanzarote y El Hierro, generalmente a petición de los alcaldes de Puerto de Cabras, Arrecife o Valverde o del subdelegado del Gobierno de cada isla. Estos envíos los realizaba la Junta de Obras del Puerto a propuesta municipal, cuya cuantía de varios cientos de toneladas al mes –en ocasiones más de mil-, se descontaba de la facturación con cargo a la Junta. No obstante, hay constancia de que las cuentas no eran demasiado estrictas, aunque generalmente se daban por buenas.

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