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editorial

Menos impuestos y más empleo

 03:00  

Después de haber recorrido el camino a la inversa, se podría decir que los Gobiernos de España, el central y la mayoría de los autonómicos están dando un nuevo paso atrás. Los ajustes económicos que han empezado a aplicar acabarán, de acuerdo con los analistas nacionales e internacionales, por hundir todavía más la economía. Sin apenas visión de la jugada, con un punto de mira desenfocado y la pretensión de cuadrar las cifras como sea, el mismo José Luis Rodríguez Zapatero, que dijo que bajar los impuestos era de izquierdas, impulsa subidas fiscales en todos los frentes, que pueden significar la puntilla para las empresas y los hogares, impidiendo la regeneración del empleo y frenando el consumo en un momento en que es necesaria la reactivación económica y el país afronta una tasa de paro del 20%, peligrosamente situada en el 28% en Canarias.

Tras el incremento del IVA en la Península, tan inoportuno como ineficaz, se prepara otro arreón del IRPF. Nuestros políticos han decidido que la forma de aliviar las arcas y reducir el déficit, de 120.000 millones de euros en 2009 y una previsión de más de 100.000 para este año, es esquilmar a los contribuyentes. Mientras, su voluntad de reducir el oneroso gasto público, en tantísimos casos improductivo y hasta superfluo, se limita al conocido plan de recorte de 15.000 millones de euros en dos ejercicios. Lo que los políticos no están dispuestos a recortar de su estado del bienestar clientelar, montado sobre los denominados chiringuitos del poder, pretenden que lo paguen el resto de los españoles que han perdido 140 euros de media al mes de poder adquisitivo con respecto a hace seis años. O las empresas, que cada vez se enfrentan a mayores obstáculos para invertir y crear empleo.

¿Qué va a ser de las pensiones y de los subsidios, sin emprendedores y trabajadores que coticen? ¿Cómo se pagará en el futuro a los desempleados y a los jubilados? Más allá de la voracidad fiscal, ¿tiene el Gobierno alguna respuesta para ello?
No se trata de eludir los rigores del ajuste que impone la Unión Europea, sino de aplicar el recorte racionalmente. Ahorrar no significa frenar la inversión productiva, pero sí reducir el gasto manirroto e irresponsable de las administraciones. Al mismo tiempo, es necesario impulsar las condiciones para reactivar la deprimida economía y empezar a crear riqueza. La tasa de población activa frente a la desocupada sitúa a España en el fondo del pozo europeo, mientras que otros países de su entorno muestran ya los primeros síntomas de recuperación. Con 251.000 pensionistas y alrededor de 787.000 trabajadores, en Canarias la proporción es de un jubilado por cada tres cotizantes. Pero el problema no es el número de jubilados; el verdadero drama se encuentra en la escasez de empleos.

La lacra del paro se ha disparado y golpea en la actualidad a más de 300.000 parados en Canarias. Las organizaciones empresariales han advertido del riesgo de una fractura social si no se detiene la sangría en las Islas.

Pero, ¿se está haciendo algo por ello? Hay que reconocer que muy poco, tanto por parte de la administración regional, como del Gobierno central, que no parece decidido a impulsar las reformas laborales necesarias ni a mejorar la educación para obtener una mayor cualificación en el empleo que permita a España competir en otros mercados.

Las recetas para que España y Canarias sean más productivas son conocidas, pero no por ello alcanzan nuestros políticos a comprenderlas y, mucho menos, a aplicarlas. En el caso de las empresas, basta simplemente con no poner trabas. La creación de empleo corresponde a los emprendedores privados, pero para que esto se produzca las administraciones públicas deben preparar el terreno con unas condiciones razonables; no se trata de fiarlo todo a subvenciones a cargo del erario público, ya que las deudas hay que pagarlas.
A veces consiste sencillamente en no estorbar o no interferir, algo que ocurre con inusitada frecuencia. Sin ir más lejos, los empresarios canarios reclaman constantemente que se ponga orden en la maraña legislativa y administrativa que lastra en las Islas la creación de empresas y pone en fuga el capital inversor.

Ante la falta de una política con incentivos y reformas en defensa de los emprendedores y de los puestos de trabajo, o la incapacidad para meter tijera en el gasto suntuario de las administraciones públicas, lo que están haciendo el Gobierno de España y otros autonómicos es tirar por el camino fácil y hacer caja con las subidas de impuestos, precisamente todo lo contrario de lo que sería lo adecuado. La voracidad fiscal parece esta vez no tener límite. En el caso del IRPF, ha bastado con incorporar el matiz ideológico de rico para meterle mano a las rentas de profesionales, ejecutivos, directivos o pequeños empresarios, sin que ello suponga, además, según los técnicos en Hacienda, ingresos considerables en la recaudación. El incremento rondaría, de acuerdo con los primeros cálculos, unos 500 millones de euros, 200 menos del dinero que se destina al PER andaluz.

Pero lo más sangrante es la subida del IVA peninsular, que está en vigor desde el 1 de julio y afecta principalmente a los 26 millones de españoles que ingresan menos de 30.000 euros anuales y suponen el 88,76 por ciento de los contribuyentes. Su efecto exacto todavía es incierto, aunque se teme que pueda resultar devastador si la caída del consumo empieza a hacer mella en las empresas. De lo que no hay tanta duda es sobre su ineficacia: el objetivo del Gobierno de recaudar 5.150 millones de euros anuales, un 5 % de la magnitud actual del déficit, es insignificante frente al daño que puede ocasionar en el consumo. La lucha contra el fraude fiscal, que los gobiernos no se atreven a emprender, sería ocho veces más efectiva desde el punto de vista de la recaudación, reduciría la economía sumergida y podría evitar que los platos rotos los pagasen los de siempre. En cualquier caso, la política parece dispuesta a conducirse por atajos que llevan al camino equivocado. Una y otra vez..

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