tribuna abierta

Los 426 euros

11.07.2010 | 01:34

El Ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, reconoció en una entrevista a Cinco Días que a partir de agosto se suprimirían los exiguos 426 euros para los parados sin prestación, el llamado eufemísticamente programa temporal para la protección del desempleo y la inserción, PRODI. El Ministro vinculaba la no renovación de dicho programa al Plan de Ajuste Económico del Gobierno socialista. Unos días después, y ante el revuelo que se montó, la Vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, desautorizó públicamente al Ministro, al afirmar que la medida se renovaría. La realidad es que aún no se ha renovado y en estos momentos no se están concediendo los famosos 426 euros a quienes dejan de cobrar el paro. Y mientras Zapatero no firme el nuevo Decreto de prórroga, el número de familias sin ningún ingreso seguirá aumentando cada día. Las causas que motivaron la puesta en práctica de esta medida no sólo no han desaparecido sino que se han acrecentado. Si se suprimieran los 426 euros en agosto, quebrarían la mayoría de los ayuntamientos y comunidades autonómicas de España. Me explico.

Actualmente los ayuntamientos y las comunidades autónomas conceden ayudas sociales a aquellas personas que no disponen de otros ingresos. El cese de la prestación por desempleo para los parados de larga duración que agotan sus prestaciones, supondría una avalancha tal de peticiones de ayudas sociales que las corporaciones locales y las comunidades no podrían afrontar. En Canarias, 120.000 parados, un cuarenta por ciento del total, llevan más de un año en paro, por lo que la mayoría tendrían derecho a cobrar esa prestación. En Santa Cruz, 12.000 chicharreros llevan más de un año sin trabajo. Si multiplicásemos los 426 euros por el número de personas que podrían beneficiarse de la ayuda, estaríamos hablando de más de 600 millones de euros en Canarias y más de 60, solamente en Santa Cruz. Y nadie parece haberse dado cuenta de esto. Paulino Rivero, José Manuel Soria, y los dos despistados diputados ¿nacionalistas? de CC en el Congreso, Ani Oramas y José Luis Perestelo, que posibilitaron con su abstención que se aprobara el Plan por un solo voto, no se enteraron de nada y asestaron una puñalada mortal y trapera a los 88 ayuntamientos canarios y a la Comunidad Autónoma. Si tenemos en cuenta que la Comunidad Autónoma tarda actualmente seis meses en conceder la Prestación Canaria de Inserción, PCI, podemos intuir que, ante una previsible avalancha de personas, los plazos se alargarán mucho más y, mientras tanto, los ayuntamientos tendrán que hacer frente, en solitario, al aumento de la demanda de ayudas sociales. En un escenario, además, en el que se prohíbe a las corporaciones locales acudir al endeudamiento o aumentar la plantilla para atender a los nuevos usuarios. Los alcaldes de toda España deberían plantarse y decirle a Zapatero que no van a permitir que por sus errores en política económica quiebre a los ayuntamientos, al quitarse de encima la prestación por desempleo a los parados de larga duración, incumpliendo su promesa de mantenerla mientras la tasa de paro superara el 17 por ciento (hoy está en el 20.05 por ciento). Y aunque normalmente no me gustan los métodos revolucionarios en política, en este caso y sin que sirva de precedente, hago un llamamiento a la rebelión local si Zapatero no firma ya el dichoso Decreto. Porque si permitimos que el Estado traslade el paro a los ayuntamientos ¿Qué será lo próximo? ¿Las pensiones?

* Presidente Federal del Centro Canario, CCN

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