EN DIRECTO
Tribuna abierta

Información y transparencia

 02:29  

ENRIQUE HERNÁNDEZ BENTO En el actual contexto de crisis los poderes públicos tienen graves dificultades para dar respuesta adecuada a las demandas constantes y crecientes de una sociedad cada vez más compleja y heterogénea, donde la primera necesidad a cubrir, tras muchos años de crecimiento y de alegrías, es el empleo. Una sociedad cada vez más incrédula y decepcionada respecto a la capacidad de los políticos para poder solucionar sus problemas. Una sociedad que observa entre perpleja y cabreada las informaciones que todos los día se publican en los medios de información sobre los privilegios y prebendas de una clase política que no acaba de enterarse de la situación desesperada por la que atraviesan muchos de sus conciudadanos.

La última encuesta del CIS en la que "los políticos" aparecemos como el cuarto problema de este país, es la constatación de una realidad que esta al pie de la calle.

Ante este problema de legitimidad de la política, de acusado descenso de la confianza de la ciudadanía en el rendimiento de sus instituciones públicas, es preciso repensar las formas de gestionar lo público.

Como dice el profesor Joan Subirats "La realidad actual exige a los poderes públicos un amplísimo despliegue de actuaciones en ámbitos muy diversos en un contexto de contención o restricciones financieras que exigen afinar los programas, controlar los procesos y examinar los resultados conseguidos, ya que la ciudadanía y los grupos en que se organiza y los medios de comunicación como altavoz de todos ellos, van volviéndose cada vez más exigentes sobre el destino final y los impactos generados por el caudal de recursos que las administraciones públicas gestiona en su nombre".

La evaluación de las políticas públicas es hoy, por tanto, una exigencia ciudadana y una necesidad política y de gestión en todo el mundo. Para ello necesitamos disponer de sistemas que monitoricen la información derivada de la gestión pública. Tenemos que ser capaces de gestionar correctamente el inmenso volumen de información que manejamos.

Recobrar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas no sólo implica alcanzar los objetivos previstos por ellas. También es preciso dotar de credibilidad a la acción política estableciendo buenos sistemas para la rendición de cuentas y para la evaluación de sus actuaciones. Si salimos a la calle y preguntamos a las personas sobre la percepción que tienen de la Administración, seguro que volvemos desanimados. Esta crisis de lo público impregna a todas las Administraciones independientemente de su color político. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad?

Podríamos citar entre otros, el excesivo formalismo burocrático, la despersonalización de la gestión, la falta de planificación, la deficiente medición y, relacionado con ello, el deficiente nivel de transparencia.

Resulta sorprendente el cierto nivel de perfeccionamiento que ha alcanzado la Administración respecto a la información de los ingresos que perciben los ciudadanos, hasta el punto que el borrador de la declaración del IRPF nos llega a casa año tras año, mientras que el ciudadano no tiene esa correspondencia en la información a la hora de saber para qué ha servido el gasto que hacen sus gobernantes.
La transparencia de la gestión pública, la rendición de cuentas, es un principio íntimamente ligado a la calidad democrática del sistema institucional.

El ciudadano quiere saber cuánto gasta la Administración Pública y en qué se lo gasta, pero sobre todo quiere saber "para qué ha servido ese gasto, qué hemos hecho con su dinero". En esto último es donde hay que centrar los esfuerzos en los próximos años en todas las Administraciones públicas.

Pero la información en si misma no solucionará nuestros problemas. En ocasiones estamos sobresaturados de información, dando lugar a una verdadera gestión del "desconocimiento". La inmensa cantidad de información de la que disponemos en cada una de nuestras áreas de gestión puede convertirse en un importante activo sólo si somos capaces de darle utilidad.

Por tanto, debemos mejorar la gestión de la información apuntando a dos objetivos; que el flujo de la información permita agilizar los proceso de gestión, para hacerla más eficiente y eficaz y, que esa información facilite la generación de conocimiento que permita evaluar la gestión desarrollada.

Este último compromiso, el de "medir nuestra gestión", es consustancial al proceso directivo. En el mundo empresarial existe consenso sobre la máxima de que: "lo que no se mide no se puede gestionar". En las instituciones públicas, como en cualquier organización, la toma de decisiones tiene que estar basada en información derivada de la evaluación del resultado de las políticas desarrolladas.
¿Cómo se puede diseñar o implementar una política pública, sin que su responsable conozca el impacto que han tenido o van teniendo las acciones emprendidas al efecto?

Si la información que manejamos no es la adecuada, si no podemos calificar el resultado de determinadas políticas, no podremos distinguir el éxito del fracaso. Si no somos capaces de medir los resultados de nuestra política corremos el riesgo de no saber si llevamos el rumbo correcto. Si no identificamos el éxito o fracaso de una política no podremos aprender, y sobre todo, no podremos corregirla o reorientarla.

La Intervención General de Canarias ha iniciado un proceso de cambio en los modelos de control, que nos permitirá suministrar información derivada no sólo del análisis de la adecuación a la legalidad de la actividad económico financiera, sino también, como igualmente importante, del nivel de eficacia y eficiencia en las políticas públicas de gasto. Esto último no será fácil, pero albergamos la ilusión de que este proceso de cambio en el control interno pueda inducir un cambio en los modelos de gestión con una intensidad hasta ahora desconocida.

Debemos propiciar una gestión fuertemente orientada a resultados, regida por una rigurosa planificación estratégica, que permita desarrollar una buena dirección por objetivos, que facilite mantener una actitud "pro-activa" en lugar de "reactiva" frente a los problemas, de introducir mayores dosis de flexibilidad y adaptabilidad de la gestión a las nuevas demandas del ciudadano y oportunidades, hablo, en definitiva, de un cambio cultural, de un reto común para las personas que trabajamos en lo público.

En un momento en el que sólo se habla de "recortes" deberíamos reflexionar sobre la imperiosa necesidad de apostar por las "reformas". Cambio de los modelos de gestión pública que permitan hacer realidad el paradigma de la "Administración inteligente", de organizaciones públicas que aprenden porque se evalúan, de organizaciones que son capaces de "navegar", en lugar de sólo "remar", en el cambiante entorno actual.

  HEMEROTECA
  LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES
 LO ÚLTIMO
 LO MÁS LEÍDO
 LO MÁS VOTADO

Suplementos

 
 
  CONÓZCANOS:  CONTACTO |  LA OPINIÓN |  LOCALIZACIÓN     PUBLICIDAD:  TARIFAS |  CONTRATAR  
laopinion.es es un producto de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de laopinion.es. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
 

  

Aviso legal
 
Otros medios del grupo Editorial Prensa Ibérica
Diari de Girona  | Diario de Ibiza  | Diario de Mallorca | El Diari  | Empordà  | Faro de Vigo  | Información  | La Opinión A Coruña  |  La Opinión de Granada  |  La Opinión de Málaga  | La Opinión de Murcia  | La Opinión de Zamora  | La Provincia  |  La Nueva España  | Levante-EMV  | Mallorca Zeitung  | Regió 7  | Superdeporte  | The Adelaide Review  | 97.7 La Radio  | Blog Mis-Recetas  | Euroresidentes  | Lotería de Navidad | Oscars | Premios Goya