11 de abril de 2018
11.04.2018
Desafío independentista

Fiscales de España y Alemania se reunirán para decidir sobre Puigdemont

La cita será en La Haya y el objetivo es acelerar el proceso de extradición del expresidente catalán

12.04.2018 | 13:30
Una mujer protesta con una careta de Puigdemont.

Fiscales españoles y alemanes se reunirán en Eurojust, la agencia europea para la cooperación judicial, "probablemente el jueves" para tratar los delitos recogidos en la euroorden dictada contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, confirmó a Efe una fuente de este organismo.

Según explicó la fuente, el encuentro en La Haya, sede de Eurojust, será "en las próximas horas, probablemente este jueves temprano" y tendrá lugar a "puerta cerrada y será totalmente confidencial", por lo que no se espera que trascienda información sobre el contenido de la reunión. No obstante, todo indica que tratarán de acelerar la entrega del expresident y buscar la forma de incorporar los delitos de rebelión y sedición al proceso de extradición

La oficina española y la alemana en este organismo han estado en contacto a lo largo del miércoles para preparar el encuentro, aunque ambas mantienen un gran secretismo sobre esa cita.

La Fiscalía de Schleswig-Holstein, el estado federado por donde entró Puigdemont en Alemania el pasado 25 de marzo y donde fue detenido, resolvió hace una semana pedir a la Audiencia Territorial del mismo "land" su extradición a España.

En su resolución respaldaba en todos los puntos la petición del Tribunal Supremo español, tanto en lo que concierne al cargo de rebelión, como al de malversación de fondos públicos, al tiempo que pedía mantenerlo en la cárcel de Neumünster, donde había ingresado el político catalán tras su detención.

Dos días después, la Audiencia germana resolvió desestimar el cargo de rebelión y decretó la libertad condicional de Puigdemont, bajo fianza de 75.000 euros.

En la resolución se requería asimismo información adicional y concreta a las autoridades españolas sobre la acusación de malversación de fondos públicos, por valor de 1,6 millones de euros.

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