14 de diciembre de 2016
Pacto

La oposición propone revertir los recortes en Dependencia

Todos los grupos salvo PP y PNV firman un "pacto de Estado" para aprobar un modelo de financiación

14.12.2016 | 20:52

Los grupos parlamentarios del Congreso, salvo el PP y PNV, han firmado este miércoles un pacto de Estado por la dependencia que les ha propuesto el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales y del Observatorio Estatal de la Dependencia, José Manuel Ramírez.

En un acto celebrado en el Congreso en el décimo aniversario de la aprobación de la Ley de dependencia, el acuerdo ha sido rubricado por los portavoces de la mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso, PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, el Partit Demòcrata Català, Coalición Canaria y Nuevas Canarias.

Aunque no han acudido al acto, la iniciativa ha sido firmada posteriormente por ERC y Compromís, mientras que el PNV no ha respondido a la convocatoria por discrepancias en el ámbito competencial de la dependencia, según fuentes de esta última formación.

El documento incluye cinco compromisos: entre ellos, revertir en los presupuestos de 2017 los recortes producidos en el año 2012 y aprobar un modelo estable de financiación del sistema de dependencia en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En el texto también se apuesta por promover un acuerdo entre el Estado y las comunidades con el objetivo de acabar con las listas de espera en los próximos dos años, aprobar las modificaciones de la Ley de forma consensuada en el Congreso y disponer de un sistema de información de la dependencia "transparente y actualizado".

Ramírez ha señalado que el Gobierno del PP es "insumiso" porque "no cumple la Ley de dependencia", puesto que no atiende a 355.000 personas dependientes que tienen derecho a recibir una prestación o servicio.

"Durante los últimos años, el Ejecutivo se ha comportado como la orquesta del Titanic, porque se ha dedicado a tocar músicas celestiales, mientras los dependientes naufragaban y los remeros autonómicos perdían todas sus fuerzas intentando mantener a flote el sistema", ha opinado.

Por ello, ha instado al PP a reflexionar y acceder a implementar este pacto de Estado para evitar "el sufrimiento" que genera a los 1,2 millones de personas que hay en situación de dependencia en España.

La portavoz adjunta del Área Social del PP, Marta González, ha considerado "improcedentes e inadecuadas" las formas de esta convocatoria, "sin diálogo previo", y ha anunciado que en el seno de la Cámara se creará una subcomisión en materia de dependencia en los próximos días.

El portavoz del PSOE, Antonio Hernando, ha lamentado que el Ejecutivo del PP y su grupo se hayan quedado solos y aislados, fuera de un pacto que pretende "revitalizar" la Ley de atención a la dependencia.

Hernando ha explicado que, al firmar el pacto, los socialistas han querido renovar su compromiso como "fundadores" de la Ley de dependencia, que permitió que "este país fuese más digno, más justo y más solidario", aunque a lo largo de los cuatro o cinco últimos años la ley se ha venido incumpliendo de forma reiterada y se ha visto afectada por los recortes aplicados por el Gobierno del PP.

La diputada de Unidos Podemos Ana Terrón, quien ha estado acompañada por el portavoz del grupo en el Congreso, Íñigo Errejón, ha opinado que hoy es "un triste cumpleaños de la Ley de dependencia, porque desgraciadamente el PP lo que ha hecho de manera encubierta es derogar y demoler lo que tiene que ser un derecho reconocido para toda la población española".

Desde Ciudadanos, Marta Martín ha enmarcado este pacto "dentro de las ideas y de las políticas" de su partido y ha dicho que no entiende que no haya recibido el apoyo del PP, puesto que no incluye ningún otro compromiso que el que ya se había adquirido en el acuerdo de investidura del actual presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

En nombre del Partit Demòcrata Català, Carles Campuzano ha saludado la iniciativa del Observatorio, aunque se ha mostrado crítico con la Ley de dependencia por su deficiente financiación, que ha supuesto "un mal negocio para todos los gobiernos autonómicos" y que ha repercutido "negativamente" en los dependientes y sus familias.

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