Presunto delito de blanqueo

La Audiencia Nacional rechaza el aval hipotecario de Mario Conde

Dice que no cubre los 300.000 euros de fianza - La Fiscalía pide investigar a los avalistas de la Fundación Franco

17.06.2016 | 17:52

La Audiencia Nacional ha rechazado hoy el aval hipotecario presentado por el expresidente de Banesto Mario Conde al considerar que dicha garantía no cubre los 300.000 euros de fianza, y obliga al exbanquero a presentar la cantidad en metálico o por aval bancario para asegurar el devenir de la investigación.

Según indica en un auto el juez instructor, Santiago Pedraz, las notas del registro de la propiedad que incluyeron son notas simples sin certificación literal "observándose divergencias entre las inscripciones registrales y las parcelas catastrales".

El juez descarta subsanar este hecho con una oportuna tasación pericial judicial al entender que "no se estima adecuada" la prestación de fianza mediante garantía hipotecaria, sino mediante dinero en efectivo o aval bancario. "Todo ello con el fin de asegurar- indica el auto- que el investigado señor Conde Conde no se va a sustraer a la acción de la justicia".

El juez adopta así el criterio de Anticorrupción, representada en este caso por la fiscal Elena Lorente, que ya expresó en mayo su reticencia a dejar en libertad al empresario, que ingresó en la cárcel madrileña de Soto del Real, el pasado 13 de abril, por presunto blanqueo de 13,06 millones de euros de los casos Banesto y Argentia Trust.

En concreto, el escrito rechaza las escrituras de cuatro fincas en Corralejo (Fuerteventura) tasadas en 610.818 euros, propiedad de los hermanos Jaime y José Ángel Alonso García, miembros de la Fundación Francisco Franco, y a quienes ahora la Fiscalía señala por formar parte de una de las sociedades investigadas en el operativo.

La investigación, cuyas primeras pesquisas datan de 2011, pone el foco sobre Conde y una decena de personas de su entorno íntimo, entre ellos a los hijos del empresario, Mario y Alejandra (ésta en arresto domiciliario) así como al abogado de la familia, Francisco Javier de la Vega, para quien el juez decretó libertad previa fianza de 100.000 euros.

A todos ellos se les atribuye, además del presunto blanqueo, pertenencia a grupo criminal, alzamiento de bienes y ocho delitos fiscales.

La Fiscalía propone investigar a los avalistas

La Fiscalía Anticorrupción ha propuesto además que la Guardia Civil informe de los posibles nexos entre los avalistas del expresidente de Banesto. En un escrito señala a los hermanos Jaime y José Ángel Alonso García por aparecer como accionistas de Los Carrizos de Castilblanco, mercantil que titula un "amplio patrimonio inmobiliario", según el auto del pasado 13 de abril que decretó el envío a prisión del exbanquero.

Según el escrito, tanto Jaime como José Ángel Alonso constan como accionistas con un 18,42 % y un 6,28 %, respectivamente, en Los Carrizos de Castilblanco, sociedad administrada por el que fuera "hombre de confianza" de Conde, Francisco de Asís Cuesta, y en el que también figuran los hijos del exbanquero, Mario y Alejandra, ésta bajo arresto domiciliario.

Ambos hermanos apoderan la empresa, con domicilio social en la residencia familiar del jurista y participada en un 66 % por Black Royal Oak, una de las sociedades que habría sido empleada por Conde para el blanqueo de 13,06 millones de euros procedentes de los casos Banesto y Argentia Trust de los que nunca satisfizo la cuantía íntegra de su responsabilidad civil.

Además, las pesquisas vinculan a Los Carrizos con la empresa pantalla Barnacla, considerada epicentro del entramado criminal por el que Conde permanece en prisión desde hace dos meses, al existir documentos que acreditan la trasferencia de fondos entre ambas.

Anticorrupción pone el foco ahora en ambos hermanos, en el mismo informe en el que rechaza la garantía hipotecaria depositada por éstos ante la Audiencia y que de haber sido validada habría dejado en libertad al exbanquero.

En concreto, la Fiscalía se opone al aval presentado por los hermanos Alonso García al considerar que la valoración de unas fincas en la isla de Fuerteventura, inicialmente tasadas en 610.818 euros, es una prueba pericial de parte, realizada sin inspección ocular y con divergencias entre las inscripciones registrales y las referencias catastrales.

Además, vuelve a mostrar su reticencia a la puesta en libertad de Conde ya que, sostiene, "el investigado tiene cuentas y recursos económicos desconocidos todavía por el juzgado", tal y como acreditan los certificados de obras de arte incautados durante el registro del pasado abril.

Dicho informe desfavorable ha motivado que el instructor, que ahora rechaza el aval por "insuficiente", exija a Conde el pago de la fianza o bien en efectivo o por aval bancario con el fin de asegurar que el exbanquero no eludirá sus responsabilidades con la justicia.

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