Investigación

La Fiscalía investiga a Xavier Trias por pagar el alquiler a okupas del "banco expropiado"

El exalcalde de Barcelona está acusado de malversación por pagar al local con 65.500 euros de fondos públicos

27.05.2016 | 19:38
La Fiscalía investiga a Xavier Trias por pagar el alquiler a okupas del "banco expropiado"

La Fiscalía ha abierto una investigación al exalcalde de Barcelona Xavier Trias (CiU) para averiguar si cometió un delito de malversación por pagar con fondos del consistorio, durante un año, el alquiler del "banco expropiado" okupado en el barrio de Gràcia.

Según ha informado el ministerio público, la Fiscalía de Barcelona ha encargado a la Policía Nacional que investigue los pagos del Ayuntamiento a la inmobiliaria propietaria de la finca por el alquiler del local ocupado, que ascendieron a 65.500 euros en un año.

El desalojo del local, situado en la calle Travessera de Gràcia de Barcelona y que estaba ocupado desde 2011, ha desencadenado manifestaciones de protestas que, en tres noches consecutivas, han provocado numerosos incidentes y cargas policiales.

Los okupas tomaron en 2011 el local, una antigua sede de Caixa Catalunya que entonces estaba abandonada y que compró posteriormente una empresa inmobiliaria.

La Fiscalía ha acordado abrir diligencias a Trias tras tener conocimiento, a través de los medios de comunicación, de que el Ayuntamiento estuvo pagando el alquiler de la finca desde finales de 2014, hasta que el nuevo equipo de gobierno de Ada Colau dejó de hacerlo.

Según mantiene el ministerio público en el escrito en el que acuerda abrir la investigación por esos pagos, Trias decidió firmar un contrato de arrendamiento con una duración de un año con la inmobiliaria propietaria, Antartic Vintage SL, para evitar el desalojo del local y, por lo tanto, "los eventuales incidentes que pudieran producirse".

Esa renta, sostiene la Fiscalía en su escrito, "fue puntualmente satisfecha por el Ayuntamiento hasta la finalización del contrato, sin que el nuevo equipo de gobierno surgido tras las elecciones haya procedido a la renovación".

En opinión de la Fiscalía, los hechos podrían constituir un delito de malversación que, según el Código Penal antiguo vigente en 2014, castiga a las autoridades que destinen a "usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones".

De hecho, la alcaldesa de Barcelona ya avisó el pasado lunes, cuando los Mossos d'Esquadra iniciaron el desalojo del llamado "banco expropiado", que el pago del alquiler de la finca por parte de su predecesor suponía una "mala utilización de dinero público" y criticó que el equipo de gobierno de Trias lo hiciera "a escondidas".

Por su parte, Xavier Trias ha rechazado que pagar el alquiler del llamado "banco expropiado" pueda ser considerado como malversación y se ha mostrado convencido de que la decisión fue "ajustada a derecho" y "en respuesta al interés general de la ciudad".

El presidente de grupo municipal de CiU, Xavier Trias, ha comparecido ante la prensa para comentar la apertura de investigaciones por parte de la Fiscalía de Barcelona. "Todo lo que está pasando nos está dando la razón", ha señalado el exalcalde en relación al conflictivo desalojo del local, que ha originado ya tres noches de disturbios en Gràcia, y ha explicado que su gobierno tomó la decisión de pagar un año de alquiler "para ganar tiempo para buscar una solución que no llevara a esta situación de violencia de estos días".

"Era la solución menos mala", ha apuntado Xavier Trias, ya que los informes, ha dicho, indicaban que el desalojo, previsto para finales de 2014, sería "muy conflictivo por lo emblemático del local" -una antigua oficina de un banco rescatado con fondos públicos- y por las simpatías que generaba en su entorno y en el movimiento okupa.

Trias ha ofrecido "máxima colaboración para aclararlo todo" a la Fiscalía y ha eludido especular sobre porque ha abierto una investigación ahora, cuando los hechos ya eran conocidos.

En este sentido, se ha limitado a comentar que el tema ahora se ha convertido en "mediático" y que algunos políticos "hablan con ligereza" y "usan expresiones equivocadas".

El exalcalde ha asegurado que, en ningún caso, se pensaba alargar el contrato de alquiler mas de un año y que la fórmula fue "provisional, excepcional y limitada en el tiempo", porque es un grupo okupa que no causa molestias al vecindario, tiene una buena integración y es un edificio emblemático.

Ha justificado que no se informase a los okupas de que el ayuntamiento pagaba un alquiler por el inmueble "porque no era un decisión a favor de ellos" y ha indicado que lo hizo en julio pasado, después del cambio de gobierno municipal, porque entonces la resolución del conflicto había dejado de ser responsabilidad suya.

También ha reconocido que no consiguió la interlocución que pretendía con los ocupantes del "banco expropiado" porque, en su opinión, el mundo okupa no la admite y solo se pueden tener contactos indirectos con estos grupos "con la participación discreta de persones ajenas".

Sobre el precio del alquiler, 5.500 euros mensuales, el alcalde ha señalado que es el que se pudo pactar, pero que responde a los criterios técnicos de patrimonio y que el expediente de contratación es "impecable técnica y jurídicamente".

Tras el desalojo de esta semana, los okupas del "banco expropiado" avisaron a través de las redes sociales que iban a convertirse en "la peor pesadilla" para la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que mantiene que antes del desahucio les había ofrecido un espacio alternativo en el que instalarse.

El barrio de Gràcia amanece desde hace tres días con el rastro de los disturbios provocados por grupos de manifestantes, que han atacado sucursales bancarias, quemado contenedores y automóviles por las calles en unos incidentes que los Mossos d'Esquadra han reprimido con cargas policiales y lanzamiento de proyectiles de precisión.

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