Corrupción en el PP

Enrique Ortiz confiesa que financió ilegalmente al PP valenciano

El empresario admite pagos irregulares en 2007 y 2008 en el escrito de defensa entregado a la Audiencia Nacional

01.04.2016 | 15:47
Enrique Ortiz confiesa que financió ilegalmente al PP valenciano
El empresario alicantino Enrique Ortiz.

Las claves del caso Gürtel

  • ¿Cómo se destapó? José Luis Peñas, ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Majadahonda denunció la existencia de una trama liderada por su amigo Correa.
  • Las empresas de Correa Special Events, Pasadena Viajes, Easy Concept, Good and Better y Orange Market son los nombres de las empresas creadas por los responsables de la red, que operaban en diversas áreas de negocio.
  • Principales operaciones Destacan las adjudicaciones que la trama consiguió para la organización de la Feria Internacional del Turismo de Valencia y diversas campañas electorales del PP, el acto inaugural de la Volvo Ocean Race en 2008 y la visita del Papa Benedicto XVI en 2006.
  • ¿Cuáles eran los regalos?Trajes, joyas, artículos de lujo, bolsos, relojes, vuelos en avión, estancias en hoteles, cruceros y productos electrónicos de gama alta eran las más frecuentes.
  • El ´caso Bárcenas´ Una importante derivada de toda la investigación es el ´caso Bárcenas´, relativo a la presunta financiación ilegal del PP. De ahí habrían salido los presuntos sobresueldos que habrían recibido, durante años, los principales nombres de la cúpula del partido.

El empresario alicantino Enrique Ortiz ha admitido la financiación ilegal de las campañas electorales del PP en la Comunidad Valenciana entre los años 2007 y 2008, según ha informado este viernes la Cadena SER. El promotor, al que se le piden cuatro años de prisión por su implicación en Gürtel, ha confesado los delitos que afectan al PPCV en este caso de corrupción.

Ortiz reconoce íntegramente la financiación ilegal del PP en la Comunidad Valenciana en su escrito de defensa, admite las tesis de las acusaciones y consigna los 40.000 euros que le reclamó el juez en el auto de apertura de juicio oral. Por eso, pide la atenuante de "confesión tardía de los hechos" y que la pena se rebaje de cuatro a un año y tres meses de reclusión.

El documento, al que ha tenido acceso la Cadena SER, solicita también que la pena de prisión se sustituya por el pago de la correspondiente multa y, en caso de que no se acordara esta solicitud, "suplica" que el tribunal "acuerde la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad".

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata acordó el pasado 26 de febrero la apertura de juicio oral contra cinco miembros de la cúpula del PP de Francisco Camps, diez empresarios de la construcción adjudicatarios de obra pública, entre ellos Ortiz, y los cabecillas de la trama Gürtel.

Entre los 20 acusados que se sentarán en el banquillo se encuentran el presunto líder de la trama 'Gürtel', Francisco Correa; su 'número dos', Pablo Crespo; y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, 'El Bigotes'. Además, se acusa a cinco ex altos cargos de la formación política, entre ellos Ricardo Costa y Vicente Rambla.

El resto de acusados son empresarios radicados en la Comunidad Valenciana sospechosos de financiar de forma irregular el partido a nivel regional, entre los que figuran el propio Enrique Ortiz y el empresario Rafael Martínez Berna. También están acusados el ex consejero delegado de Repsol Ramón Blanco Balín y el sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, Vicente Cotino.

El magistrado acusa a los procesados de delitos electorales, falsedad en documento mercantil y delitos fiscales, mientras que reclama el pago de multas en concepto de responsabilidad civil y pide la más elevadas para 'El Bigotes', a quien reclama 10,2 millones de euros.

La Fiscalía Anticorrupción pide siete años de cárcel para el que fuera secretario general del PPCV y diputado autonómico Ricardo Costa; el ex vicepresidente de la Generalitat y exdiputado autonómico Vicente Rambla; el antiguo vicesecretario de organización y diputado regional David Serra; y su antecesora en la gerencia Cristina Ibáñez. Para la entonces gerente, tesorera regional y diputada Yolanda García, solicita seis meses de prisión y 650 euros de multa.

Además, se sentarán en el banquillo de los acusados los empresarios Rafael y Tomás Martínez Berna --de Hormigones Martínez y posteriormente CHM Obras e Infraestructuras--; Enrique Gimeno --por Facsa--; Alejandro y Antonio Pons --Dols y Piaf--; Gabriel Alberto Batalla --administrador del Grupo Lubasa--; Enrique Tomás Ortiz; José Francisco Beviá; Vicente Cotino --del Grupo Sedesa--; y José Enrique Fresquet, de Pavimentos del Suroeste, luego denominada Padelsa Infraestructuras.

Gastos sin contabilizar

El juez, que ha abierto juicio oral en las piezas separadas 1,2 y 6 de la rama valenciana del caso 'Gürtel', sostiene que Correa dirigía un holding empresarial que organizaba eventos para los 'populares', que tenía sociedades vinculadas como Down Town Consulting (DTC) y su sucesora, Easy Concept; Booomerangdrive; Tecnology Consulting Management; Rialgreen/Trece; Good and Better; Diseño Asimétrico; Servimadrid; y Orange Market.

Crespo y Luis de Miguel Pérez constituyeron esta última mercantil en 2003 en Valencia por las "buenas perspectivas de negocio" que tenían dadas las "buenas relaciones" que ambos junto con Correa y el contable Cándido Herrero tenían con los "responsables políticos" del PPCV. Sus actividades comenzaron en 2004 con la realización de actos para el PP en la ciudad o la presentación de la America's Cup y la Cámara de Comercio.

En 2006, el PPCV empezó a contratar a Orange Market para preparar sus campañas autonómicas y municipales. Por ejemplo, abonó, sin tributar ni contabilizar, unos 1,15 millones en las autonómicas de 2007 y un total de 78.878 euros en las municipales de ese año por actos, entre los que se encontraba uno protagonizado por el presidente del Gobierno en funciones Mariano Rajoy en Alicante (16.882 euros).

Según el juez, el sistema de pago de los gastos que realizaba Orange Market para el partido se abonó "presuntamente de forma dual, es decir que al menos una parte relevante se abonó con cantidades económicas ajenas al circuito económico legal, mientras otra se hacía de forma legal mediante la emisión de factura".

El dinero B lo llamaban "Barcelona"

En algunas conversaciones y documentos el dinero oficial era denominado Alicante, y el dinero en B se llamaba Barcelona y engrosaría la 'caja B' de Orange Market y el grupo. La empresa hacía declaraciones "mendaces" ante la Hacienda Pública. Parte de esos gastos e ingresos de naturaleza electoral no eran incluidos en las cuentas entregadas al Tribunal de Cuentas.

Al mismo tiempo, se producían unos ingresos indirectos en la formación política mediante la disminución del "débito" que mantenía la formación con Orange Market a través de pagos que "diversas sociedades realizaban a dicha empresa y que se instrumentalizaban mediante contratos presuntamente aparentes sin que tuvieran una real prestación de servicios".

El juez recuerda que los acusados no tuvieron en cuenta la cuantía máxima de gasto electoral admitida legalmente en el desarrollo de las campañas y que abonaron a Orange Market parte de los servicios eran grupos empresariales que lo tenían prohibido por tener contratos con la Administración Pública, por lo que "no podían hacer donaciones al PP".

Tanto en las elecciones de 2007 como en las 2008, los acusados integrados en el PPCV "contrataron a la mercantil Orange Market servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros". En ambos casos, los pagos no quedaron reflejados en la facturación ni en la contabilidad.

El magistrado acusa a los procesados de delitos electorales, falsedad en documento mercantil y delitos fiscales, mientras que reclama el pago de multas en concepto de responsabilidad civil y pide la más elevadas para 'El Bigotes', a quien reclama 10,2 millones de euros.

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