'Operación Frontino'

El caso 'Acuamed' salpica a un colaborador de Santamaría

Federico Ramos participó en una reunión que pactó una "compensación indebida" a FCC -Tejerina ordena investigar

22.01.2016 | 14:58
Federico Ramos, en una imagen de archivo.

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en funciones, Isabel García Tejerina, ha ordenado investigar todos los contratos de Acuamed que investiga la Audiencia Nacional por un presunto fraude millonario, y "buscar en cada rincón del ministerio la más mínima irregularidad".

En una entrevista con la Cope ha señalado que no es la primera vez que abre una investigación en su ministerio ya que en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se apreció un posible trato de favor de un funcionario a una empresa y solicitó una investigación que se elevó a la Fiscalía.

"Soy la más interesada en que todo esto se aclare", ha señalado Tejerina, quien ha asegurado que en estos casos hay que ser "inmisericorde" con los que hayan cometido delito, y ha subrayado que el cese inmediato del director general de Acuamed, Arcadio Mateo, fue lo más rápido que se pudo hacer.

Asimismo, ha solicitado una auditoría técnica externa para que se revise Acuamed "de arriba abajo" desde 2004, año en la que se fundó, y ha ordenado una inspección de todos los contratos del ministerio, de empresas públicas y de organismos internos con esta sociedad, dependiente de su departamento.

Detenciones

El lunes pasado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo a trece personas presuntamente relacionadas con un fraude millonario en contratos de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed). Entre los detenidos figuran el director general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto, la directora de Ingeniería y Construcción de esta misma entidad y sus delegados en Murcia y Valencia y directivos de las empresas Acciona y FCC.

Ayer mismo, se conoció que Federico Ramos, ex secretario de Estado de Medio Ambiente, actual subsecretario de Presidencia del Gobierno y colaborador de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, participó en la presunta reunión con FCC en la que se pactó una "compensación indebida" de 40 millones a la constructora que luego se consignó en los presupuestos de 2015, según informaron a EFE fuentes jurídicas. Ramos era entones presidente de Acuamed, cargo que le corresponde por razón de su cargo como secretario de Estado de Medio Ambiente.

Esta supuesta compensación se pactó dentro de un contrato concedido a la UTE formada por FCC y Abengoa, el de la construcción de la desaladora de Bajo Almanzora, en Almería.

Según explica el juez, FCC y Abengoa debían pagar el 100% de los desperfectos que se produjeron después de que se inundara la desaladora, pero el director general de Acuamed accedió a abonar un 40 % de su valor y que FCC pagara el 60 % (40 millones), cuando, insiste Velasco, esas reparaciones no eran "responsabilidad de la Administración".

La finalidad era que FCC acabara no teniendo que pagar nada por las inundaciones, ya que, según Velasco, luego Acuamed y la constructora pactaron que se le resarciría de ese gasto "mediante compensaciones en otras obras, al parecer pactadas desde muy alto nivel en el Ministerio" de Agricultura, del que depende la empresa pública.

Especialmente, esa compensación se plasmaría en el contrato de la descontaminación del pantano de Flix, adjudicado luego a FCC por 180 millones de euros, inflándolo con partidas "irreales".

Según Velasco, se previó cubrir esa "compensación indebida" pactada "entre la cúpula de FCC y cargos de alto nivel del Ministerio", entre ellos Ramos, en los presupuestos generales del Estado de 2015.

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