Juicio del caso Nóos

La fiscalía y Hacienda suman argumentos a la defensa de la Infanta para pedir exonerarla

Horrach y la defensa piden archivar su causa mientras la Abogada del Estado reclama aplicar la 'doctrina Botín' para que doña Cristina no sea juzgada - El juicio continuará el 9 de febrero, una vez se decida la situación de hermana del Rey

12.01.2016 | 07:28
Horrach aporta un nuevo informe de Hacienda en defensa de la infanta
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Horrach presenta un informe de Hacienda para pedir el archivo de la causa de la infanta
El Estado, con la Infanta: \
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La abogada del Estado Dolores Ripoll: "Hacienda somos todos" no es aplicable a la infanta
Negrete: \
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La fiscalía y Hacienda suman argumentos a la defensa de la Infanta para pedir exonerarla
Manos Limpias espera que no se aplique la doctrina Botín

El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares, encargado de juzgar a la Infanta Cristina y a los otros 17 acusados del caso Nóos, ha admitido como prueba en la vista oral el informe entregado por el fiscal anticorrupción Pedro Horrach para reforzar sus tesis sobre la hermana del Rey Felipe VI, así como el aportado por la defensa de ésta.

El juicio del caso Nóos ha quedado suspendido hasta el 9 de febrero, cuando se retomará con la declaración de los testigos, pero antes el tribunal resolverá si se mantiene la acusación contra la infanta Cristina o queda exonerada del banquillo. La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado han pedido hoy, en consonancia con la defensa, la exoneración de la infanta Cristina en la primera sesión del juicio del caso Nóos, por considerar que la acusación popular, que ejerce Manos Limpias, carece de legitimidad para mantenerla en solitario.

La Sala reanudó el juicio, tras un receso de dos horas, a las 21.30 horas de este lunes para decidir sobre las nuevas diligencias propuestas por las partes en esta primera jornada y, entre otras, ha declarado pertinente como prueba el dictamen entregado por Horrach y elaborado por la jefa de la Unidad Central de Coordinación en materia de Delitos contra Hacienda, Caridad Gómez, sobre el papel de los socios no administradores de empresas utilizadas para defraudar, como habría sucedido en el caso de la Infanta con la sociedad Aizoon.

Informe de Hacienda presentado por el fiscal

El dictamen señala que quienes no ostentan funciones de gestión no pueden incurrir en responsabilidades penales por el mero hecho de ser socios en la misma.  El dictamen, elaborado por la jefa de la Unidad Central de Coordinación en materia de Delitos contra Hacienda, Caridad Gómez, señala que esto se extiende tanto a los casos de fraudes cometidos en relación al IVA o al Impuesto de Sociedades, como a los incumplimientos derivados de declarar en este último impuesto rendimientos que una persona debería haber tributado en su declaración del IRPF.

Es lo que sucede, ha alegado Horrach al presentar el informe durante la fase de cuestiones previas del caso Nóos, con la actuación del marido de la Infanta, Iñaki Urdangarin, al frente de la sociedad Aizoon -de la que es copropietario al 50 por ciento junto a su mujer-: utilizó esta empresa como "pantalla" al facturar a través de la misma retribuciones procedentes de entidades privadas por su condición de consejero asesor que debía haber declarado en su IRPF.

Del mismo modo, el tribunal también ha admitido el informe aportado por el abogado de la Infanta, Jesús María Silva, que rebajaría en 50.000 euros el total de 587.413 que ya abonó la hermana del Rey a petición de Anticorrupción en concepto de participación en los fondos supuestamente defraudados por su marido.

Horrach pide el archivo

En la presentación de su informe, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha explicado su tesis acerca de que no se puede trasladar al ámbito penal el papel de la Infanta al frente de la mercantil Aizoon, a través de la cual su marido, Iñaki Urdangarin, habría defraudado a Hacienda en 2007 y 2008. Horrach ha subrayado que "la única respuesta judicial posible" para la Infanta Cristina es el archivo de su imputación.

Horrach ha recordado al tribunal que, en un anexo del escrito de acusación de esta causa, pidió el sobreseimiento para Cristina de Borbón y Ana María Tejeiro y una de las alegaciones que formuló fue defender que una conducta inocua en el ámbito administrativo tributario impedía su consideración como hecho punible en el ámbito penal.

El representante del Ministerio Público ha defendido en la primera jornada del juicio sobreseimiento del caso para Cristina de Borbón al aseverar que "la Fiscalía, que representa al Estado, ni Hacienda, aquí supuestamente perjudicada, han determinado que no hay hechos que la inculpen". Asimismo, ha subrayado que "no es posible orillar" la aplicación de la Ley en este sentido "amparándonos en la manida frase 'Hacienda somos todos'".

La Abogada del Estado defiende a la Infanta

Por su parte, la Abogada de Estado, Dolores Ripoll, ha defendido este lunes durante la primera sesión del juicio la aplicación a la Infanta de la denomina 'doctrina Botín' -que impide juzgar si únicamente acusa la acción popular- y ha rechazado que pueda basarse esta posibilidad en que "Hacienda somos todos" porque ésta es una expresión que fue creada en su día para el ámbito publicitario y no puede ser aplicado al derecho.
 
"No existe la acusación pública en materia tributaria", ha defendido de forma vehemente Ripoll durante su intervención tras explicar que una acusación pública como la de Manos Limpias -que pide 8 años de cárcel para a la Infanta como cooperadora necesaria en dos delitos contra Hacienda cometidos por su marido- puede denunciar una infracción en materia tributaria, si bien debe tenerse en cuenta que el perjuicio por esta actuación es únicamente el erario público cuya defensa corresponde en exclusiva es la abogacía del Estado.

Silva pide la nulidad del proceso

Mientras tanto, el abogado Jesús María Silva, defensor de la Infanta en el caso Nóos, ha solicitado, durante el trámite de cuestiones previas que este lunes ha marcado el inicio del juicio, que le sea aplicada a su patrocinada la "jurisprudencia consolidada" del Tribunal Supremo en torno a la denominada doctrina Botín, al considerar que la hermana del Rey Felipe VI no debe ser juzgada con la sola acusación del sindicato Manos Limpias, puesto que ni la Fiscalía Anticorrupción ni Hacienda presentan cargos contra ella.

El letrado defensor ha solicitado la nulidad de la acusación por la que se sienta en el banquillo en el juicio porque se están vulnerando sus "derechos fundamentales" y ha llegado a calificar de "pesadilla" el hecho de que la Infanta se tenga que sentar en el banquillo.

El abogado de la infanta pide la nulidad del proceso para evitar "la pesadilla" de los grandes juristas

"Para evitar que se vulnere la Ley, no pedimos que se aplique la doctrina Botín, sino la jurisprudencia consolidada del TS", ha aseverado, recalcando que "claro que hubo una sentencia inicial -relativa al que fuera presidente de Banco Santander, Emilio Botín, que no fue sometido a juicio en el caso 'cesiones de crédito' por solicitarlo solo la acusación popular-, pero luego otra, que sin contradecir la primera, la complementó, y otra más".

Informe de la defensa

La defensa de la infanta ha presentado como nueva prueba documental en el juicio del caso Nóos un informe económico que rebaja en unos 50.000 euros la posible responsabilidad civil en la que incurriría a título lucrativo si el tribunal condena a su marido, Iñaki Urdangarin.

Silva ha justificado dicho informe en el hecho de que si Urdangarin fuera condenado por los delitos de los que está acusado, la infanta sería partícipe a título lucrativo de los delitos, y duda sobre la cuantía estimada por el ministerio público.  El fiscal Anticorrupción pide que la causa sea sobreseída para la infanta pero que sea considerada responsable a título lucrativo por haberse beneficiado de 587.413 euros.

Lectura de acusaciones

El juicio del caso Nóos ha arrancado con puntualidad y lo ha hecho a las 9.15 horas. El principal juicio previsto para este año, que desde este lunes se celebra en Palma en medio de una amplia expectación mediática y fuertes medidas de seguridad, ha dado comienzo con la fase de cuestiones previas, cuyo principal punto a plantear será la aplicación de la doctrina Botín a favor de la Infanta Cristina, quien se sienta en el banquillo de los acusados junto a su marido, Iñaki Urdangarin, y otros 16 procesados.
 

Ambos han escuchado, como el resto de los 16 acusados, las penas a las que se enfrentan

Después de que la presidenta del Tribunal, Samantha Romero, declarara el inicio de la vista con la fórmula habitual de "audiencia pública", el letrado de Justicia, Luis Márquez, ha leído las acusaciones y peticiones de pena más graves que pesan contra los 18 acusados, cuatro de los cuales, incluida la Infanta, no están imputados por la Fiscalía Anticorrupción.

La enumeración ha concluido con las dos peticiones de cuatro años de pena cada una que plantea Manos Limpias contra la hermana del Rey. La resolución del tribunal, que se dará cuatro semanas para deliberar, determinará si la exduquesa de Palma es juzgada o no.

La única acusación que sostiene acciones penales contra la hermana del Rey Felipe VI es el sindicato Manos Limpias, que reclama ocho años de cárcel para ella al considerarla cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales que habría cometido Urdangarin a través de la sociedad de la que ambos son copropietarios, Aizoon, que se nutrió de forma presuntamente irregular de los fondos obtenidos de forma ilícita por el Instituto Nóos de las Administraciones pública

Arranque del juicio

La Infanta Cristina y su marido llegaron juntos horas al edificio de la Escuela Balear de la Administración Pública de Palma. Ambos llegaron en el mismo vehículo y Urdangarin le abrió la puerta del coche a su esposa. Sobre las 22.30 horas, los dos abandonaron el tribunal, de nuevo juntos, tras la conclusión de la primera jornada.
 


Peticiones de condena

Iñaki Urdangarin se enfrenta a una petición de condena de 19 años y 6 meses de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción y de 26 años y 6 meses por parte de Manos Limpias. También lo acusan la Abogacía de la comunidad autónoma de Baleares, que pide 8 años; la Abogacía del Estado que pide que cumpla 3 años y 6 meses, y los socialistas del Ayuntamiento de Valencia que reclaman una condena de 11 años para el marido de la infanta.

Las acusaciones lo consideran responsable de utilizar el Instituto Nóos y entidades satélites para saquear fondos de las instituciones públicas de Baleares (2,5 millones), Valencia (3,5 millones) y Madrid (114.000 euros). Está acusado de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, delitos contra Hacienda y blanqueo de capitales.


Las claves del caso Nóos

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