Terrorismo

Condenados dos etarras por el asesinato de dos Tedax

Itziar Alberdi y Juan Jesús Narváez Goñi, condenados a 296 años por dos asesinatos cometidos en 1991

02.12.2015 | 15:38

La sección primera de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a 296 años de cárcel a los etarras Itziar Alberdi y Juan Jesús Narváez Goñi, entregados desde México en 2014, por el asesinato de dos artificieros de la Policía cuando desactivaban un paquete bomba en Madrid en 1991.

La sentencia, que condena también a la pareja a indemnizar a cada familia de los fallecidos con 350.000 euros, establece que los dos integraban el comando Ekaitz junto a José Luis Urrusolo Sistiaga, y "la decisión de llevar a cabo esta acción y su planificación se tomó en el seno del comando por todos sus miembros, que realizan la acción coordinada y con reparto de funciones", por lo que los tres fueron coautores del atentado.

Según el relato de hechos probados, los tres "decidieron preparar un paquete con una bomba y enviarlo a una de las empresas que estaban participando en la construcción de la autovía del Valle de Leizarán, utilizando para hacerlo llegar alguna empresa de transportes, radicada fuera de Madrid".

Itziar Alberdi, según la sentencia, "obtuvo la información de varias empresas de transportes de Toledo que podían utilizar, tomando nota de sus direcciones, teléfonos, horarios y plazos de entrega de un paquete destinado a Madrid".

Se trata de una prueba similar a la que la Audiencia Nacional esgrimió para condenarla a 119 años de cárcel por el asesinato en 1991 de tres policías mediante un paquete bomba, condena que después anuló el Supremo al considerar insuficiente como prueba "la elaboración del listado de las empresas de paquetería de una específica ciudad".

De anular también el Supremo esta sentencia, Alberdi quedaría en libertad al no tener más causas pendientes, ya que la Audiencia Nacional también la absolvió del asesinato del catedrático Manuel Broseta.

No obstante, el tribunal -compuesto por Manuela Fernández de Prado, Nicolás Poveda y Fermín Echarri- argumenta que las pruebas en este procedimiento "no son las mismas" porque en ese caso se trataba de un listado de empresas de transportes de Valladolid y Sevilla como destino, "lo que no guardaba relación con el hecho que se enjuiciaba en el que el paquete bomba había ido dirigido de Valladolid a Madrid".

De este modo, la Sala considera probado que los tres miembros del comando "decidieron que el paquete iría destinado al presidente de Construcciones Atocha, llamado Jesús Gallego", sirviéndose de la información obtenida por Urrusolo, ya condenado por estos hechos, y entre las empresas buscadas por Alberdi, eligieron SERVITRANS, en Toledo.

El artefacto fue preparado con tres kilos de amonal y le colocaron un mecanismo "para explotar en el caso de que los artificieros lo localizasen y tratasen de proceder a su desactivación", además de añadirle "una sustancia multiplicadora, apta para causar la muerte de cuantas personas se pudiesen encontrar en las inmediaciones en el momento de la apertura".

Finalmente, lo envolvieron en un papel de estraza en el que Narváez Goñi escribió "Recgeran Miguel Moreno Martínez (Madrid)" e hicieron constar como remitente "Prom L.E.y Zaran".

El 11 de junio de 1991, cuando Alberdi se encontraba ya en Valencia para alquilar un piso franco, otros de los miembros del comando se desplazó a Toledo con el paquete y lo depositó en la citada empresa de transportes, añade la sentencia.

Cuando el paquete llegó a Madrid un día después, el servicio de reparto trató de entregarlo en la dirección indicada, pero no fue posible porque la empresa a la que iba dirigido había trasladado su sede a otra calle de la capital, por lo que el paquete fue devuelto a los locales de SERVITRANS.

La empresa trató de localizar al remitente y, al comprobar que era ficticio, dieron aviso a la Policía. Tras acordonar la zona, se presentaron dos agentes de desactivación de explosivos, Andrés Muñoz y Valentín Martín, que se hicieron cargo del paquete y lo llevaron a la furgoneta policial que tenían aparcada enfrente.

"En el momento en que se disponían a examinar el artefacto para proceder a su desactivación, hizo explosión, causando la muerte de los dos artificieros" y la destrucción completa del vehículo policial, así como lesiones a otros seis agentes, a dos empleados de la empresa de transportes y a un empleado de una empresa de cerrajería.

Alberdi y Nárváez Goñi, que hoy ha sido juzgado por un atentado con coche bomba contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Torremolinos (Málaga) en 1991, permanecieron 22 años en la clandestinidad hasta que ambos, que vivían en Puerto Vallarta con sus dos hijos, fueron entregados a España desde México en 2014.

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