ETA

Piden 8 años de cárcel para la red de extorsión del bar Faisán

Reclaman 6 meses para los integrantes del consejo de una empresa que pagó el impuesto revolucionario

11.06.2014 | 18:46

La Fiscalía pide de 6 a 8 años de cárcel a siete presuntos miembros del aparato de extorsión Gezi de ETA, que actuaba en torno al bar Faisán de Irún, así como 6 meses de prisión para cinco integrantes del consejo de administración de una empresa que pagó el impuesto revolucionario a la banda.

En su escrito de acusación, el fiscal reclama 8 años de cárcel para Alfonso Martínez de Lizarduy, Ramón Sagarzazu Olazaguirre, Jean Pierre Haracorene Camio y Emilio Castillo González por el delito de integración en grupo terrorista y otros 6 años para José Carmelo Luquin, Ignacio Aristizábal y Jesús Iruretagoyena de la Fuente por un delito de colaboración.

Estos acusados, que fueron procesados en 2008 por el juez Baltasar Garzón, formaban parte de una subestructura de ETA llamada Gezi (Punta de flecha), liderada por el fallecido Joseba Elosúa, propietario del bar Faisán de la localidad guipuzcoana y que recibió un chivatazo policial en 2006 que frustró una operación policial contra la red de extorsión.

Esta red actuaba tanto en España como en Francia (en la Audiencia Nacional se juzgará solo a los integrantes de la red en España) y proponía al jefe del aparato militar de la banda empresarios a los que cobrar el impuesto revolucionario.

Entre las empresas a las que se extorsionó figura Azkoyen y cinco miembros de su consejo de administración (Jesús Marcos Calahorra, José María Careaga, Francisco Elizalde, Ricardo Armendáriz e Ignacio Moreno) se sentarán en el banquillo enfrentándose a una petición fiscal de 6 meses de cárcel por acceder a pagar a la banda 37 millones de pesetas, que deberán reembolsar.

La investigación al bar Faisán comenzó, según relata el fiscal en el escrito, en junio de 2003, cuando se detectó la visita de un empresario al establecimiento, donde mantuvo una conversación con Elosúa.

Elosúa, que falleció el pasado enero, cuatro meses después de declarar en el juicio del chivatazo, era según el fiscal "el recaudador de las cartas de extorsión previamente remitidas por la organización terrorista" y tenía como principal contacto en Francia a José Luis Cau Aldanur, que articulaba el cobro a través de una red de colaboradores.

Sus colaboradores eran los acusados Luquin -yerno de Elosúa-, que traía en mano las cartas a España; Haracorene, que verificaba la situación económica de los futuros extorsionados; Sagarzazu, que participaba en distribuir las cartas; y Castillo, que las ponía en circulación. Elosúa tenía además como ayudantes a Aristizabal y Iruretagoyena.

El "centro de operaciones" de la red era el bar Faisán, detalla el fiscal, que añade que la trama, que "ni era exclusiva ni era la única vía de pago a la banda", usaba en sus conversaciones un lenguaje clave para referirse a las cartas de extorsión.

Según el representante del ministerio público, los acusados participaron en la extorsión al cocinero guipuzcoano Juan María Arzak, distribuyeron una remesa de cartas de extorsión en marzo, agosto y septiembre de 2005, enviaron más misivas en la llamada Campaña de Navidad de ETA 2005-2006 y en febrero de 2006.

También transmitieron a ETA información sobre el empresario de Irún Ricardo García Arias, gestionaron el pago del impuesto por parte del empresario Ángel Iglesias Cocolina y recibieron 54.000 euros de dos empresarios no identificados.

Respecto a la extorsión a Azkoyen, la Fiscalía indica que un documento firmado por Gezi en 2001 ordenó quitarla de la lista de empresas a extorsionar porque ya había "liquidado la deuda" con ETA, a raíz de lo que se inició una investigación.

En ella, se descubrió que cinco de los miembros del consejo de administración, que reconocieron siempre los hechos, acordaron ese año abonar los 37 millones de pesetas (222.374 euros) que la banda les pedía.

"Llevados por el miedo y la coacción, no denunciaron los hechos, hicieron el pago y más tarde lo hicieron figurar como gasto no deducible en la contabilidad de la filial CHC Hispano Lusa SA, sociedad desde la que habían salido los fondos", explica el fiscal.

La Fiscalía considera este pago constitutivo de un delito de administración fraudulenta y les pide por ello seis meses de prisión y que reintegren a la empresa el dinero.

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