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Política municipal

La financiación local, la eterna reivindicación municipal

Los alcaldes llevan años pidiendo insistentemente un nuevo sistema para mejorar su autonomía financiera

 15:23  
Ayuntamiento de Almassora
Ayuntamiento de Almassora ARCHIVO

EFE/MADRID Los alcaldes llevan años pidiendo insistentemente un nuevo sistema de financiación local para mejorar su autonomía financiera, pero no han conseguido que sus demandas se materialicen a pesar de las buenas palabras del resto de administraciones. ¿Se aprobará por fin durante esta legislatura?

El Gobierno y los ayuntamientos son conscientes de que, antes de acometer una reforma de la Ley de Haciendas Locales, hay que resolver una cuestión vital para los consistorios: el reparto de competencias.

El propio ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha apostado por revisar la ley de Bases de Régimen Local (1985) dentro de la ordenación administrativa que pretende el Gobierno para hacer efectiva la máxima de "una administración, una competencia".

Con esa norma se quiere poner freno a las llamadas "competencias impropias" de los consistorios, aquellas que prestan los ayuntamientos a pesar de que no son titulares de las mismas, como la construcción de guarderías o de otros servicios sociales.

Estas "competencias impropias" representan hasta el 26% del presupuesto total de los 8.116 ayuntamientos, recuerda a Efe el vicepresidente segundo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Fernando Martínez Maíllo.

"Esta vez sí", responde el también presidente de la Diputación de Zamora cuando se le pregunta si esta será la legislatura definitiva para la financiación local, cuyos últimos cambios datan de 2004, con una serie de modificaciones a la ley aprobada en 2002.

Para Maíllo, es "imprescindible" y "necesario" que el Ejecutivo lleve a cabo una reforma de la Ley de Haciendas locales, que debe venir precedida por la también anhelada reforma competencial.

Una queja extendida entre los alcaldes es que se ha prestado más atención a la situación económica de las comunidades que a la de las corporaciones locales.

"No ejercemos la suficiente capacidad de presión", explica a Efe el alcalde de Zaragoza y portavoz socialista en la Comisión de Entidades Locales del Senado, Juan Alberto Belloch, quien pide que la FEMP sea mucho "más enérgica como sujeto interlocutor" con el Gobierno.

Belloch afirma que hay un cierto "escepticismo" entre los alcaldes sobre si en esta legislatura se aprobará una nueva ley. "Ojalá sea así. Yo, desde luego, lo dudo", apostilla el alcalde.

Advierte además de que este proceso de reforma sería "tan largo y extenso en el tiempo" que se deben tomar "medidas urgentes" para paliar la situación de las entidades locales.

El regidor socialista hace una comparación entre este proceso y la obra teatral "Esperando a Godot", de Samuel Beckett. "Godot es la Ley de Haciendas Locales, porque siempre se espera y nunca llega".

Insiste en que lo primero que hay que hacer es aclarar las competencias impropias, pero no para "pelear por más", sino para que estén bien financiadas aquellas que correspondan a los consistorios.

En este proceso, continúa Belloch, hay que hacer una reforma para que no haya duplicidad de competencias y que los ayuntamientos tengan sentido de la "responsabilidad", para evitar los "excesos manifiestos que ha habido" anteriormente.

Coincide con Belloch el presidente de la Comisión de Entidades Locales de la Cámara Alta y alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), quien cree que esta modificación debe hacerse en "el marco de ese esquema que el Gobierno está pensando y ha comprometido de una administración, una competencia".

En conversación con Efe, De la Torre apuesta por una estructura municipal similar a la de otros países europeos como Francia, Italia o Alemania.

El alcalde de Málaga subraya que la problemática actual de los ayuntamientos va ligada a "dos cuestiones: financiación y competencias".

Las modificaciones en estos ámbitos deberían ir acompañadas de una "política muy seria, rigurosa y austera" de los ayuntamientos y de la "sensibilidad del Estado y las autonomías" para mejorar la situación de los consistorios, agrega De la Torre.

Las comunidades son objeto de crítica por parte de muchos ayuntamientos al considerar que el proceso de descentralización se paró en las regiones y que estas no han querido ceder competencias e ingresos a los municipios.

El alcalde de Málaga llega a decir que este "mal proceso" de descentralización ha llevado a que haya más déficit público y que España tenga un "municipalismo más débil" que el del resto de países europeos.

En palabras de Belloch, los ayuntamientos se sienten "absolutamente" discriminados frente a las autonomías y el municipalismo "se está convirtiendo en un producto que solo sostiene quien está en la oposición".

"Quién esté libre de pecado que tire la primera piedra, porque no ha habido ni un solo Gobierno municipalista hasta ahora. Ninguno, ni del PSOE, ni del PP", asevera el regidor zaragozano.

Martínez Maíllo recuerda que los ayuntamientos no están recibiendo fondos a través de las PICAS (la participación de los municipios en los ingresos de las comunidades autónomas), algo reivindicado históricamente por los alcaldes.

El modelo estaba pensando para un reparto en los ingresos de un 33% para cada uno de los niveles de la Administración (general, autonómica y local), pero los ayuntamientos apenas llegan al 13%, comenta el vicepresidente de la FEMP.

Ante estos datos, se ha reforzado el consenso en la vida municipal, que se ha reflejado en la aprobación en el Senado en febrero de una moción con el apoyo de todos los partidos, a excepción de la abstención de Amaiur.

El texto, presentado por CiU, pedía al Gobierno que apruebe este año una nueva ley de financiación local y una norma de gobierno municipal para clarificar las competencias.

Los ayuntamientos siguen esperando estas dos leyes para afrontar su difícil situación, y mientras tanto tapan sus agujeros con medidas como el plan de pago a proveedores, con el que liquidarán 1.967.000 facturas por un importe total de 9.750 millones de euros.

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