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Recortes sanitarios

PP y oposición piden un pacto sanitario similar al de Toledo

Los grupos parlamentarios se inclinan por una reforma que se tramite como ley y no como Real Decreto

 15:43  
Una sanitaria trabaja en un centro hospitalario.
Una sanitaria trabaja en un centro hospitalario. EFE

EFE / MADRID Todos los grupos presentes hoy en la Comisión de Sanidad del Congreso han condicionado su apoyo a la creación de una subcomisión para llegar a un Pacto por la Sanidad similar al de Toledo sobre las pensiones a que la reforma sanitaria se tramite como proyecto de ley y no como Real Decreto.

Así lo han manifestado los portavoces de los grupos socialista, CiU, Izquierda Plural y Mixto durante el debate de una propuesta del grupo catalán para crear una subcomisión que analice los problemas estructurales del sistema sanitario y las reformas que deben acometerse para garantizar su sostenibilidad.

Los diputados de Izquierda Plural y del Grupo Mixto han abandonado la sala donde se celebraba la comisión para evitar votar ante la negativa del PP de comprometerse a que el decreto de medidas urgentes se tramitara como proyecto de ley en el Pleno del próximo día 17, tal y como había pedido el portavoz de ERC, Joan Tardá.

Tardá había solicitado al resto de los grupos que se levantaran de la comisión si el PP no era capaz de adquirir públicamente y en ese momento ese compromiso, que tiene como objetivo evitar que se vaya a "desmoronar en cuatro días un modelo que se ha construido en treinta años".

Por su parte, el grupo socialista ha votado a favor de la creación de la subcomisión pero ha anunciado que no lo hará cuando se lleve al Pleno, si antes no se ha rectificado la forma de tramitar la reforma.

Con esta actitud, el portavoz socialista José Martínez Olmos ha querido tender la mano al PP y "no cerrar la puerta al diálogo", a la vez que ha insistido al grupo que sustenta al Gobierno a que no se quede solo, "porque va a dar una imagen de autoritarismo y de rodillo".

También la diputada de CiU Contxita Tarruellas ha solicitado al grupo popular que pida al Gobierno el cambio de tramitación del Real Decreto, que, según ha subrayado, "cambia el sistema sanitario radicalmente, sin acuerdo, sin consenso y sin el consentimiento de las comunidades autónomas".

Mientras, el diputado de Izquierda Plural Gaspar Llamazares ha rechazado que el sistema sanitario sea insostenible y se ha mostrado en contra de una subcomisión en la que se imponga la mayoría sobre una minoría, para acometer unas reformas que "necesariamente" no tienen que ser recortes para una clase media "a la que se quiere expulsar" del Sistema Nacional de Salud.

El portavoz del PP Manuel Carvera ha pedido a ERC que no abandonase la comisión, porque "independientemente de las discrepancias hay un diagnóstico evidente: el sistema de salud tal y como estaba funcionando hace cuatro meses era insostenible".

Por ello, Cervera ha pedido a los grupos que no hagan "frentismo" y que apuesten por un Pacto por la Sanidad a través de la subcomisión que "puede ayudar al Gobierno a tomar las medidas necesarias para hacer una sanidad sostenible en el tiempo".

Antes, la comisión había rechazado una proposición no de ley de Izquierda Plural sobre el recorte de 7.000 millones de euros que el Gobierno pretende lograr con las medidas de ajuste.

Llamazares ha considerado que el decreto es "inconstitucional" y supone una "profunda contrarreforma del sistema sanitario sin negociación ni diálogo".

A su juicio, la reforma significa un "ensañamiento" con los más débiles y sienta las bases para la privatización del sistema sanitario con la introducción del "copago".

La misma comisión ha aprobado una iniciativa del grupo socialista, enmendada por el PP, por la que este grupo se compromete a la elaboración, en el plazo de seis meses, de un reglamento que extienda la asistencia sanitaria pública a los que ejerzan una actividad por cuenta propia -un derecho recogido en la Ley General de Sanidad-, "atendiendo a la evolución de las cuentas públicas".

El PSOE había presentado su proposición no de ley al entender que el Real Decreto anula esa norma y, por ello, ha anunciado que su grupo va a pedir un informe a la Abogacía del Estado para que lo aclare.

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