Ley del aborto

Aído insiste en que la ley del aborto es constitucional

La ministra de Igualdad asegura ahora está "más ajustada a la realidad de la sociedad española"

05.07.2010 | 10:30

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído ha dicho este lunes que el Gobierno está plenamente convencido de la constitucionalidad de la Ley del Aborto que hoy entra en vigor, ya que "es una ley totalmente garantista que respeta plenamente los límites que se impusieron en su día por el Tribunal Constitucional".

Aído ha añadido, en declaraciones a la SER recogidas por EFE, que es una "ley más segura que ofrece más garantías jurídicas tanto a mujeres como a profesionales, más ajustada a la realidad de la sociedad española, una ley que respeta la confidencialidad de los datos" y con "más garantías en el acceso a la prestación".

La ministra ha explicado que la situación de las menores de edad (16 años) en el texto de la Ley del aborto mantiene que "la decisión final es de ellas", pero introduce que al menos uno de los representantes legales esté informado, pudiendo prescindir de esa información en casos de conflictos graves.

Aído ha dicho que uno de los objetivos es reducir el número de embarazos no deseados y el número de abortos que no ha parado de crecer en las últimas décadas en España, y que espera que se puedan reducir de "una manera significativa", aunque "no se puede hablar de cifras".

La titular de Igualdad ha destacado de la nueva ley el capítulo relativo a la prevención de los embarazos no deseados, algo que hasta ahora, dice, "ha pasado desapercibido en el intenso y largo debate".

Además, otro capítulo se refiere a las acciones de información, sensibilización y formación de profesionales, que se enmarcarán dentro de la estrategia de salud sexual y reproductiva en la que está trabajando en Ministerio de Sanidad y Política Social con las comunidades autónomas.

La ley pretende dar respuesta a un problema que, según Aído, no satisfacía a nadie porque la realidad estaba caracterizada por un creciente número de abortos y de embarazos no deseados, y una inseguridad a la que se enfrentaban las mujeres que tomaban la decisión con miedo a que su expediente terminara en un juzgado.

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