EUROPA PRESS | ZARAGOZA
Un representante de Chapman Freeborn en España, Sergio Núñez Cabo, quien tenía por misión negociar con el Ejército español los vuelos que realizaban, en 2003, los militares destinados a misiones internacionales, afirmó ayer en el juicio civil por el siniestro del Yak-42, que la empresa se limitaba a realizar "una labor operacional para la contratación de aviones" y no llevaba a cabo comprobaciones in situ sobre la capacidad técnica de los aparatos, como también ocurrió en el caso del avión Yakovlev 42.
El 26 de mayo de 2003 se estrelló en Turquía dicho avión cuando transportaba a 62 militares españoles desde Afganistán a Zaragoza, accidente en el que todos los ocupantes resultaron muertos.
Certificado médico caducado
El testigo declaró ante la jueza María Teresa Real, titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de la capital aragonesa, donde se está celebrando el nuevo juicio civil que, no sólo no inspeccionaba in situ los aviones, sino que tampoco tenía un conocimiento preciso sobre la tripulación, desconocía que el ingeniero de vuelo tenía el certificado médico caducado, aunque este documento es obligatorio para poder formar parte de la tripulación de un aparato.
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