AGENCIAS.
El Consejo de Ministros revisará las nuevas medidas sobre las descargas en Internet contenidas en una disposición adicional del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. La lucha contra la piratería digital es el objetivo último de estas medidas que pretenden hacer compatible el derecho de los usuarios con el de los creadores de contenidos.
El procedimiento que estudia el Ejecutivo, según hizo público la pasada semana un medio de comunicación, pasa por combinar un proceso de autorización judicial rápido (de menos de un mes) para el cierre de las páginas webs denunciadas por facilitar la descarga de contenidos sujetos a derechos de autor, con otro proceso administrativo previo en el que los responsables de las mismas puedan hacer alegaciones y que podría prolongarse hasta tres meses. El órgano clave será la futura Comisión de Propiedad Intelectual dependiente del Ministerio de Cultura.
Este tema ha sido muy controvertido en las últimas semanas. Incluso Zapatero llegó a precisar que no se cerraría ningún sitio en Internet sin la previa intervención de un juez. Por su parte, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, declaró el pasado 22 de diciembre en el Congreso que "ningún ciudadano será desconectado de Internet sin la intervención de un juez", respondiendo así a una interpelación urgente del PP para que el Gobierno aclarase su postura en torno a la posibilidad de cerrar páginas web sin autorización judicial.
Entonces, el PP recriminó a la titular de Cultura su "falta de liderazgo" en la resolución de este asunto, "que se ha cocinado desde Presidencia de Gobierno sin su consentimiento", criticó el diputado José María Lassalle.
Tras conocerse las intenciones del Gobierno, el PP calificó de "razonable" que el Ejecutivo exija autorización judicial previa para cerrar páginas webs aunque también expresó sus dudas de que "ésta sea realmente su intención" dados los vaivenes que, a su entender, ha mostrado el Gobierno con la llamada 'ley anti descargas'.