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EFE | MADRID
El PP ha hecho más estricto el control de los comportamientos y bienes de sus cargos públicos y electos, así como de los profesionales que trabajen en el partido, gracias a la aprobación de un nuevo Código de Buenas Prácticas.
Una de las medidas del texto, tal y como consta en el contenido del mismo, es la prohibición de aceptar regalos que "no respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales".
La vicesecretaria de Organización de los populares, Ana Mato, muñidora de la redacción del Código durante los últimos dos meses, ha explicado a este respecto que "todo el mundo es consciente" de qué regalos ha de aceptar, por ejemplo, en Navidad.
Así que ha asegurado lo siguiente: "En Navidades un miembro del PP puede recibir unos turrones, una caja de naranjas de Valencia o un vino de La Rioja; son costumbres sociales y estamos de acuerdo en lo que eso significa". Fuera de ese círculo de usos y costumbres, el Partido Popular prohibirá la recepción de regalos, especialmente si son caros. Mato, en suma, presentó ayer esta iniciativa contra posibles muestras de corrupción interna al lado de la secretaria general, María Dolores De Cospedal.
El Código aporta más novedades: el ex ministro José Romay Beccaria será el responsable de ejercer estos nuevos mecanismos de supervisión, ya que el PP le ha designado auditor de prácticas internas, y un comité, compuesto por tres integrantes del Comité de Derechos y Garantías, se encargará de "velar por su cumplimiento".
En el afán del PP de combatir cualquier comportamiento irregular, como los que ha destapado el caso Gürtel a lo largo del año, el texto se unirá al Pacto contra la corrupción presentado por los populares el mes pasado en Sevilla y se incorporará a los estatutos en cuanto el congreso nacional de 2011 así lo certifique.
El Código de Buenas Prácticas, señaló Mato, "va más allá de los requisitos que marca la ley", y así, sancionará las conductas que "dañen la imagen del partido aunque sean legales" y comprometerá a todos los cargos.
El caso de Carlos Fabra
EUROPA PRESS
El vicesecretario general provincial del PSPV, Josep Martí, preguntó ayer al presidente del PP, Mariano Rajoy, si dentro del nuevo código ético "cabe una persona como Carlos Fabra, que sigue en el cargo público a pesar de que no ha explicado quién le ingresó más de 600.000 euros en metálico o en cheques al portador en un solo un año en sus cuentas, un dinero que escondió a Hacienda, según la Agencia Tributaria, y que le permitió que la declaración de renta le saliera a devolver 4.000 euros cuando en realidad tenía que haber pagado 150.000 euros".
Martí le recordó a Rajoy que Fabra "no sólo está imputado por tráfico de influencia, malversación de fondos públicos, negociaciones prohibidas y fraude fiscal, entre otros presuntos delitos, sino que se enfrenta a cárcel y por falsificación de cuños para obtener licencias de insecticidas en la etapa de Aznar que luego fueron retiradas del mercado por ser peligrosas para la salud pública".
Además, señaló que "no facilita nunca la información que se le pide en la Diputación".
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