´No se puede soportar que entren diez millones de asuntos al año´

MERCEDES GALLEGO | ALICANTE
-¿Está legitimado el Tribunal Constitucional en su actual situación de interinidad para decidir sobre una norma autonómica, como el Estatut, refrendada por un parlamento y por un referéndum?

-La ley es la ley y la del Tribunal Constitucional dice que los magistrados continuarán en el ejercicio de su cargo hasta que sean renovados. La legitimidad, por tanto, la tienen.

-¿También la legitimidad moral?

-Una cosa es la legitimidad para poder actuar y otra, la moral u otro tipo de planteamiento. Cuando se dicte la resolución será plenamente legítima, legal y fundada en derecho. Ahora bien, los órganos constitucionales deben renovarse cuando lo dice la propia norma. Le hablo del CGPJ, que estuvo dos años sin acuerdo, lo que supuso un deterioro en su funcionamiento, del Tribunal Constitucional o de cualquier otro órgano. Para evitarlo debe reformarse la ley y establecer que cuando un órgano acaba el periodo en el que está prevista su actuación no se podrá exceder un plazo máximo de interinidad para que a quien corresponda la renovación llegue a un acuerdo. Debería ser una norma para evitar el deterioro institucional.

-Le preguntaba si puede un tribunal deslegitimar la voluntad de un parlamento, de un pueblo...

-Eso es lo que dice la ley. Si no queremos que sea así, que se diga, que se establezca que, una vez aprobado en referéndum, no quepa recurso ante el Constitucional. Si la ley orgánica del TC dice que cualquier ley orgánica puede ser sometida a revisión, pues eso es lo que hay. Claro que el conflicto puede existir pero España es un Estado de Derecho en el que rige el principio de legalidad. Si la ley dice que un estatuto, a pesar de estar aprobado por un parlamento, puede ser revisado por el Tribunal Constitucional, pues tendrá que someterse a la ley. Y si no tiene que ser así, que se modifique la ley.

-Visto el incremento de litigios, fundamentalmente civiles y laborales como consecuencia de la crisis, ¿se puede decir que el sistema judicial está a punto de estallar?

-Tenemos que plantearnos qué modelo de justicia queremos. En España este año han entrado diez millones de casos en los juzgados. Y eso no se puede soportar. Debemos marcarnos un triple objetivo: desjudicializar determinadas conductas, potenciar la mediación y el arbitraje como alternativas al procedimiento judicial y ver qué estructura de juzgados y tribunales queremos. Así conseguiremos entrar en una dinámica diferente de la de ahora, que es crear juzgados clonando el mismo problema porque no son capaces de absorber lo que entra diariamente.

-Un cambio total de dinámica...

-En España hay administraciones que han modificado el sistema y hay una mejor gestión: la Agencia Tributaria, por ejemplo.

-¿Habría que reformar la Constitución y otras leyes orgánicas aprobadas hace ahora treinta años para redefinir el sistema político?

-Las constituciones tienen que ser de fácil reforma porque han de adaptarse a la realidad social y no se puede hacer un drama de cada cambio porque la sociedad avanza y los derechos no son ahora los mismos que hace 30 años. Sería tan sencillo como acoplar la jurisprudencia del TC a la Carta Magna.

-La polémica del Estatut, la actuación del TSJ en el caso Gürtel... ¿ha sufrido un desprestigio la justicia difícil de reparar?

-La justicia nunca debe ponerse en duda.

-¿Aunque haya motivos?

-Los ciudadanos deben confiar en la administración de Justicia, en que los jueces van a trabajar para resolver sus problemas. Y debe existir un consenso para dejarla fuera del debate político porque lo que sustenta un sistema democrático es el Estado de Derecho y éste está basado en el funcionamiento de los juzgados y los tribunales. Si los ciudadanos no tienen fe en estos órganos hemos perdido una de las columnas básicas del sistema democrático.

-¿Cree que ésa es la percepción que tienen los ciudadanos?

-No, porque la Justicia tiene muchas carencias, muchos problemas no sólo por los casos que usted cita sino porque desde hace años no ha existido la inversión necesaria para dar una respuesta buena al ciudadano. Todos debemos luchar para que la Justicia sea un servicio público de calidad.

-¿Qué papel tienen que jugar los jueces en este cambio?

-Tenemos que hacer un acto de reflexión, de reconocimiento de que muchas veces nos alejamos. Debemos variar y a partir de que consideremos la justicia como un servicio público habrá un cambio de mentalidad.

-¿Por qué se produce ese alejamiento del magistrado respecto al ciudadano?

-Porque siempre se ha dicho que el magistrado no debe estar inmerso en cuestiones sociales cuando los jueces y los magistrados somos unos ciudadanos más que debemos considerarnos servidores del resto de los ciudadanos, que son los que nos pagan.

-¿A quién es atribuible esa endémica falta de inversión?

-Históricamente, la Justicia era algo tan desconocido para los ciudadanos que ha estado fuera de la evolución modernizadora de España. Y esta dejación no es imputable ni a un partido ni a otro sino a que socialmente no se ha dado importancia a que la justicia tuviera que tener una inversión suficiente para convertirla en servicio público.

-¿Eso explicaría que juzgados como el que investiga el crimen contra el alcalde de Polop acumule 2.500 casos pendientes de resolver?

-Ya he dicho que están entrando diez millones de asuntos al año, lo cual es insoportable. Claro que el juzgado del crimen de Polop lleva 2.500 casos pero es que el de al lado llevará 3.000 y en Torrevieja no le quiero decir...

-¿Es usted partidario de que los jueces recurran a la huelga para pedir medios?

-Los jueces y magistrados son trabajadores y como tales deben tener regulado el derecho a la huelga y no seguir en la indefinición actual. Los poderes públicos deben establecer si hay o no derecho a esta medida de presión. Mi opinión es que un trabajador tiene derecho a pedir mejores medios haciendo uso de la huelga y que los magistrados y los jueces son trabajadores.

-Al hilo del Gürtel y de Polop, ¿tenemos un sistema que aboca a la corrupción?

-En absoluto. A la corrupción aboca la persona que es corrupta, no el sistema. El sistema funciona, y le hablo de Mario Conde, de Jesús Gil. El que actúa de forma deshonesta acaba pagando.

"Nunca diría que el aborto es un delito
ni quien aborta una delincuente"

-¿Abortar es un delito?

-No, en absoluto, lo considero un drama. Soy contrario al aborto por cuestiones morales. Creo que a la mujer habría que darle alternativas para que, en vez de abortar, ese niño naciera, pero nunca diría que el aborto es un delito ni que quien aborta es una delincuente. Es un drama social que hay que resolver desde el punto de vista social.

-¿Es partidario de que se enjuicie en España a los piratas de otros países que secuestren barcos españoles?

-Soy partidario de lo que dice la ley: que los delitos contra españoles deben ser juzgados en España. Pero hay acuerdos internacionales que pueden delimitar estas competencias. Por eso debemos regular por ley cómo actuar correctamente. En el caso de los piratas la Audiencia lo hizo de forma impecable, pero ante las disfunciones que se han visto yo invitaría a los partidos a que modificaran por vía de urgencia la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la que corresponda para determinar cómo se deben resolver estas situaciones.

-¿Está de acuerdo con la limitación de la justicia universal impulsada por el Gobierno?

-Comparto los motivos que los grupos políticos adujeron para apoyarla, que es apostar por una auténtica justicia universal pero en organismos internacionales. España debe estar centrada en resolver los problemas de la justicia aquí y en los delitos cometidos contra españoles en el extranjero. Y deben existir tribunales internacionales que asuman la competencia de juzgar los atentados a los derechos humanos en el mundo.

-¿Aminatu Haidar ha vuelto a casa pero, de haberse prolongado su huelga de hambre, habría sido partidario de alimentarla a la fuerza?

-Mantengo lo que dice el Supremo y el Constitucional , que cuando una persona está en plenas facultades no se le puede obligar a comer, pero que cuando pierde la consciencia, el juez valorará atendiendo a lo que haya podido dejar escrito y a otras circunstancias. Soy partidario de la vida y a alguien que no está consciente considero que habría que alimentarlo.

-¿Está justificada la existencia de la Audiencia Nacional?

-La Audiencia Nacional surgió por una situación de terrorismo muy grave y ahora que ha variado quizá habría que replanteársela. No digo que tenga que desaparecer, pero se tendría que revisar, aligerarla de algunas competencias y potenciar otras (en materia contencioso administrativo, social...).