EUROPA PRESS | MADRID
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha remitido una comisión rogatoria internacional a las autoridades judiciales de Irak para que le informen de si han llevado a cabo algún procedimiento judicial para investigar el asesinato de 11 personas de nacionalidad iraní y los daños provocados a más de quinientas a raíz de los hechos producidos en el campo de refugiados de Ashraf (Irak) el 28 y 29 de julio de 2009.
El magistrado da con esta medida un paso previo a la apertura de una investigación sobre los hechos, que no emprenderá hasta que no haya comprobado que las autoridades iraquíes han renunciado a juzgar los presuntos delitos cometidos en el campo.
Jurisdicción internacional. Andreu ha rechazado así el archivo de la querella que le fue presentada por dos particulares, en contra del criterio del Ministerio Fiscal, al considerar que los hechos vulneran el IV Convenio de Ginebra.
Los querellantes sostienen que el ataque contra el campo de refugiados podría constituir un delito contra la comunidad internacional, 11 asesinatos, 36 detenciones ilegales, 480 delitos de heridas graves, torturas y daños, todos los cuales contravendrían el IV Convenio de Ginebra, suscrito el 20 de agosto de 1949 y ratificado por España e Irak en 1977, relativo a la protección de personas civiles en tiempos de guerra.
Según relata la querella, el ataque se produjo el 28 de julio de 2009 a partir de las 15 horas y el 29 de julio, cuando unos 2.000 soldados pertenecientes a la Novena Brigada de Badr, a las Fuerzas Especiales de la Brigada Escorpión de Bagdad, a los Batallones 2 y 3 de la Policía y a efectivos antidisturbios, asaltaron el campo en "una acción deliberada y planificada bajo el mando del teniente general Abdol Hossein Al Shemmari" contra quien se dirige la acción penal.