EFE | BARCELONA
Los ocho detenidos en Cataluña en la operación contra la corrupción urbanística han declarado ayer ante la Guardia Civil, a la espera de comparecer el próximo viernes ante el juez Baltasar Garzón, que también ayer ha ordenado la detención en Madrid de un noveno implicado, el empresario Manuel Carrillo, consejero delegado de Limasa Mediterránea, empresa de servicios de limpieza que posee una delegación en Santa Coloma de Gramenet.
Tras pasar la noche en la comandancia de la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca, los ocho detenidos en Cataluña, entre ellos el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Bartomeu Muñoz, y dos ex altos cargos de los gobiernos de Jordi Pujol (CiU), Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, han declarado ante los agentes, a la espera de ser trasladados a Madrid.
La ´operación Pretoria´ ha provocado una gran conmoción política y social en Cataluña, aún bajo el impacto del escándalo de corrupción del ´caso Palau´, lo que ha llevado al presidente de la Generalitat, José Montilla, a lanzar un mensaje de confianza en las instituciones públicas y en sus gestores.
Según los investigadores, los empresarios implicados en la trama se dedicaban a invertir en proyectos inmobiliarios sobornando a ediles, como el alcalde Muñoz, para que recalificaran el suelo. Quienes contactaban con todos los interesados, personas como Alavedra y Prenafeta, se llevaban una comisión y ayudaban a evadir el dinero en cuentas de paraísos fiscales.
Fuentes cercanas a la investigación explicaron que la trama investigada tenía varias ramas y cada una hacía su función. El ex militante del PSC Luis García puede ser el ´cerebro´ -ya que conoce el sector inmobiliario y constructor-, era dueño de la empresa AGT investigada en los años 90, y tenía contactos con los altos cargos socialistas detenidos, con Alavedra, ex conseller de Economía, y Prenafeta, de su etapa como diputado del PSC en el Parlament de 1980 a 1992.
El negocio consistía en comprar solares relativamente baratos, pagar comisiones ilegales a cargos municipales para que recalificaran el suelo convirtiéndolo en urbanizable, invertir fondos procedentes de paraísos fiscales en promociones inmobiliarias o, al revés, desviar los beneficios a paraísos fiscales como la isla de Jersey.
El Parlament calló. Ayer también ha trascendido que la Sindicatura de Comptes halló en 2003 irregularidades en varios aspectos de la gestión de Muñoz al frente del ayuntamiento, como en la adjudicación de obras.
En el estudio, la Sindicatura de Comptes analizaba minuciosamente tres áreas de gestión del Consistorio en las que detectó varias irregularidades, como en el impuesto sobre las plusvalías de terrenos de naturaleza urbana, la gestión de personal y las inversiones reales y su financiación.
La auditoría desvela que había dos obras, presupuestadas en 496.003 euros en total, que fueron realizadas sin formalizar el preceptivo expediente administrativo, lo que el informe ya advertía que podría derivar en responsabilidades administrativas, y otros dos expedientes en los que la propuesta a la comisión de gobierno para que aprobara la adjudicación a un contratista era anterior a la propuesta de la mesa de contratación.
La Sindicatura también detectó la existencia de tres expedientes de obras en los que en primer lugar se presentaron las ofertas de los adjudicatarios y posteriormente se aprobó el proyecto y el pliego de condiciones.
Este informe llegó al Parlament en el segundo semestre del año 2007 aunque, pese a las irregularidades detectadas, ningún grupo de la Cámara catalana pidió que fuera presentado en Comisión para poder analizarlo, debatirlo y proponer medidas correctoras.
Precisamente, parte de la investigación de Baltasar Garzón se centra en operaciones urbanísticas de dudosa legalidad, como la de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), donde el ex diputado socialista Luis García, también detenido el martes pasado, ganó al menos dos millones de euros en dos años gracias a una recalificación de unos terrenos.
