Baleares quiere personarse en el ´caso Palma Arena´

EFE | PALMA DE MALLORCA
El Govern balear aprobó ayer que la comunidad autónoma se persone en las diligencias previas del caso Palma Arena como parte perjudicada, según anunció la portavoz del Ejecutivo, Joana Barceló, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la comunidad.

Esta decisión ha sido tomada después de que la Abogacía de la comunidad "examinara todos los documentos" y una vez que se ha levantado el secreto de sumario sobre la instrucción del caso, que investiga una presunta trama de corrupción en la construcción del velódromo durante la pasada legislatura del PP.

El actual Gobierno autonómico ha tenido en cuenta en esta decisión que la comunidad autónoma es la que ha de asumir el coste de construcción del pabellón hasta 2026, una obra que ha tenido un sobrecoste de 46 millones de euros (hasta unos 110 millones), según recordó Barceló, .

"Si hay indicios claros de malversación (del dinero público invertido en el velódromo), la comunidad autónoma será perjudicada directa en el caso", argumentó Barceló, quien además subrayó que personarse en la causa es un "acto obligado para defender los intereses y recursos de los ciudadanos".

Barceló, adelantándose a las críticas que puedan llegar desde el PP -algunos de cuyos ex altos cargos de la pasada legislatura figuran en el caso Palma Arena como imputados-, aclaró que "no hay ninguna intencionalidad ni voluntad de hacer ningún juicio" sobre un asunto "sobre el que no se puede politizar".

La portavoz insistió en que la base de la decisión de intervenir se asienta en que el Govern "es el que fundamentalmente financió la obra", pero recalcó que "el Govern no juzga, juzgan los juzgados".
Hasta ahora en la causa solo estaba personado el Consorcio Palma Arena, conformado por el Ayuntamiento y el Govern, que fue el que puso en conocimiento de la Fiscalía las irregularidades presuntamente cometidas en la construcción del velódromo durante la legislatura del popular Jaume Matas, según detalló Barceló.

El PP se queja. Al respecto, el portavoz popular, Carlos Simarro, dijo pensar que "si ahora -el Govern autónomo- lo hace como perjudicado es porque quiere destruir judicialmente al PP", y que "si es así, aceptamos la mayor, pero consideramos que debe personarse también en otros casos que afectan a otros partidos políticos" representados.

Según la información divulgada ayer en su edición digital por el Diario de Mallorca (Editorial Prensa Ibérica -EPI-), Simarro apuntó a conocidos casos judiciales en los que se encuentran imputados cargos públicos pertenecientes al PSIB-PSOE y UM, dos de las seis formaciones que integran la coalición que gobierna Baleares en la presente legislatura, como Ibiza Center, La Piñata, Son Oms y Can Domenge, entre otros.