EFE | TOLEDO-MADRID
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, explicó ayer que la operación policial para detener a los dos presuntos etarras que hirieron el lunes a un gendarme en el sur de Francia "continúa abierta" y que las autoridades de ambos países están en contacto permanente. En declaraciones a los periodistas tras participar en la inauguración del IX Congreso Nacional del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Toledo, Pérez Rubalcaba informó de que el lunes mantuvo una conversación con su homóloga francesa, Michelle Alliot-Marie, para interesarse por el estado de salud del gendarme herido. "Me dijo que estaba bien y que estaba fuera de peligro", señaló el titular de Interior, que insistió en que la operación continúa abierta.
A preguntas de los informadores, Rubalcaba eludió pronunciarse sobre los supuestos planes de ETA de envenenar al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón porque, ha dicho, no habla de los objetivos de la banda terrorista. "No hablo en general de los objetivos de ETA. En fin, no lo puedo desmentir", ha dicho.
El diario El País publicó en su edición de ayer una información en la que se reseñaba que ETA planeó asesinar al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón con un veneno introducido en una botella de coñac que le sería enviado como regalo de un falso admirador.
El País cita como fuente un documento intervenido al jefe militar de la banda terrorista Jurdan Martitegi, arrestado el pasado 18 de abril y detenido junto a las otras dos personas en Montauriol (Francia) cuando pretendían mantener un encuentro.
Martitegi tenía en su poder, al ser detenido, un listado de atentados entre los que figuraba uno que sería perpetrado durante la investidura de Patxi López como lehendakari y otro cuyo encabezamiento era: "Propongo hacer una acción mediante veneno".
Vista oral contra tres etarras
El fiscal pidió ayer entre 12 y 30 años de cárcel para Garikoitz Etxebarria, Asier Larrinaga y Aritz Arginzoniz por su supuesta pertenencia al comando de ETA relacionado con los zulos de Amorebieta y Atxondo (Vizcaya), en los que se hallaron casi 250 kilos de explosivos en diciembre de 2006. El ministerio público imputa a los tres acusados los delitos de pertenencia a banda armada, tenencia y depósito de explosivos y falsificación de matrícula, por los que pide una pena de 24 años y medio de prisión, que se reducen a 12 en el caso de Arginzoniz porque cumple actualmente condena. En cuanto a Etxeberria, a la petición se suman otros seis años por falsificación de documento oficial y tenencia ilícita de armas. En la vista oral que comenzó ayer Etxeberria admitió ser miembro del comando de ETA , mientras que Larrinaga y Arginzoniz han declarado que sólo colaboraron con él en pequeñas tareas.