EFE
En el juicio que se sigue desde hace una semana en la sección tercera de la Audiencia de Barcelona, las acusaciones, en representación de los empresarios Pedro Olabarría y los hermanos Luis e Ignacio Romero, han preguntado durante casi toda la mañana a cuatro letrados de Banesto que intervinieron de una manera u otra en la querella.
Ninguno de ellos ha aclarado quién o quiénes pudieron decidir la presentación de la presunta querella falsa y los cuatro han asegurado que fue la denominada "mesa central de calificaciones" la que detectó presuntas irregularidades en la deuda de unos 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros) que tenían contraída los tres empresarios a través de la empresa Harry Walker y sus filiales.
La 'mesa central', compuesta en la época en la que se presentó la querella -1994- por varias de las personas que han declarado hoy en el juicio, tenía por cometido la recuperación de los riesgos contraídos por la entidad con empresas y particulares, según ha explicado el antiguo abogado de Banesto Jerónimo Caravaca.
Este letrado, que actualmente ya no trabaja en el banco pero sí realiza trabajos para la entidad, ha coincidido con Francisco Teba, que presidía habitualmente las reuniones de la 'mesa central' y actualmente jubilado, y con otro de los letrados de la entidad, Enrique Dancausa, en que fue este órgano colegiado quien dijo "adelante" y avaló la vía judicial para la querella.
También ha coincidido en esta versión el ex jefe de la asesoría legal de Cataluña de Banesto, Carlos Ruiz, que ha declarado hoy como testigo aunque en un juicio anterior por los mismos hechos lo hizo como imputado.
Según Ruiz, actualmente prejubilado por Banesto, Calama le consultó si le parecía bien encargar el 'asunto' a Jiménez de Parga, que fue quien impulsó la querella ante los tribunales barceloneses y quien supuestamente pactó con el ex juez Luis Pascual Estevill que los tres empresarios entraran en prisión.
Estos testigos han asegurado que ni Alfredo Sáenz, presidente de Banesto en la época, ni el director general de la entidad, José Ángel Merodio, ejercieron ningún tipo de presión sobre ellos por este tema.
Por su parte, uno de los testigos de la acusación, Gómez Oliver, ha informado de que en un viaje en coche escuchó una conversación del ex director regional de Banesto en Cataluña Miguel Ángel Calama con Jiménez de Parga, en la que este último le informaba en julio de 1994 de que la querella había sido aceptada, más de un mes antes de que se viera el caso por primera vez en los juzgados, en septiembre de aquel año.
El testigo ha añadido que, tras recibir la llamada de Jiménez de Parga, Calama le comunicó este hecho a José Ángel Merodio de forma inmediata por teléfono, de lo que se deduciría que fueron estas personas las que decidieron supuestamente impulsar la querella.
El juicio contra Alfredo Sáenz, José Ángel Merodio, Miguel Ángel Calama y Rafael Jiménez de Parga continuará el próximo jueves día 14 con las declaraciones de más testigos.