EFE
Zapatero sorprendió a la oposición al convocar la sesión para el 12 y el 13 de mayo cuando la mayoría de los grupos políticos auguraba que se celebraría después de los comicios del 7 de junio, y quemará en el debate uno de sus últimos cartuchos antes de que los españoles evalúen la labor del Gobierno en las urnas.
Su anterior movimiento fue la remodelación del Gabinete para reforzar su peso político con personas como Manuel Chaves, José Blanco o Trinidad Jiménez.
El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas mantiene al PP a nueve décimas por detrás del PSOE, pero los sondeos encargados por los medios de comunicación e incluso por los partidos políticos vaticinan la victoria de los populares.
Con estos datos, los socialistas reconocen que Zapatero sigue siendo uno de sus principales activos y el presidente del Gobierno, que se volcará en la campaña electoral, ha decidido rendir antes cuentas ante el Congreso de los Diputados.
Su intención es evaluar las iniciativas puestas en marcha para frenar la crisis, y, a pesar de llegar a la Cámara con cuatro millones de parados, destacar los primeros signos de una futura recuperación.
Su as en la manga serán las nuevas medidas en favor del empleo que el Gobierno ha avanzado que anunciará y cuyo contenido guarda celosamente.
Pero la oposición ya le ha advertido de que no se dejará arrastrar por iniciativas efectistas y ha comenzado a poner sobre la mesa propuestas de máximos que el grupo socialista tendrá que negociar acuciado por su debilidad parlamentaria.
La derrota electoral en Galicia que rompió su acuerdo con el BNG y el pacto con el PP en el País Vasco para aupar a Patxi López a la Lehendakaritza ha alejado a los nacionalistas gallegos y vascos, que le ayudaron a sacar adelante los últimos Presupuestos Generales del Estado.
La imposibilidad de cerrar antes del debate del estado de la nación el nuevo y esperado modelo de financiación autonómica complica también el respaldo de ERC y CiU, aunque el ministro de Fomento, José Blanco, dio respuesta ayer a una de las principales reivindicaciones del nacionalismo catalán.
La Generalitat será la titular del servicio de Cercanías de Renfe en Barcelona a partir del 1 de enero de 2010.
Zapatero volverá a pedir la próxima semana a las fuerzas políticas parlamentarias su apoyo para salir de la crisis y, como ya ha hecho en los últimos debates dedicados monográficamente a la recesión económica, instará a ayuntamientos y comunidades autónomas a sumarse al consenso.
Un consenso que, según la comunicación remitida al Congreso para convocar el debate, quiere que respalde la Presidencia de la UE, que España asumirá en el primer semestre de 2010.
Junto a las medidas para fomentar el empleo y emprender las reformas estructurales que exige la recuperación económica, el presidente del Gobierno volverá a marcar las líneas rojas de los posibles pactos y rechazará cualquier iniciativa que suponga recortar la protección social a los trabajadores.
Para el acuerdo, propondrá la modernización de la Justicia, el nuevo marco regulador de la investigación, la lucha contra el cambio climático o la revisión de la normativa del sector del transporte.
Zapatero tiene intención de hacer valer ante el pleno el refuerzo de las políticas sociales a pesar de la crisis, los éxitos y el consenso en la lucha contra el terrorismo y la proyección de España en la comunidad internacional.
Entre los compromisos legislativos, reiterará su voluntad de aprobar una ley integral de igualdad de trato, la reforma de la ley del aborto o la revisión de la ley de libertad religiosa.
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