Juanes destaca la ´vital´ colaboración de las FSE con la Audiencia Nacional

El magistrado Ángel Juanes ha tomado hoy posesión de su cargo de presidente de la Audiencia Nacional destacando la importancia "vital" de la colaboración de este tribunal con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "en la lucha contra la criminalidad".

EFE Así lo ha expuesto en su discurso de toma de posesión -leído en presencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, al que sustituye en la presidencia de la Audiencia Nacional- después de que el fiscal general del estado, Cándido Conde-Pumpido, cuestionara recientemente la colaboración de la Policía Nacional en la lucha contra el entorno de ETA.

Probablemente por esa razón Juanes ha querido "agradecer (a las Fuerzas de Seguridad) la labor que vienen haciendo en la lucha contra la criminalidad y en defensa de la libertad y seguridad de los ciudadanos", y su colaboración para permitir "desarrollar del modo más eficaz nuestras respectivas responsabilidades".

También el fiscal general, que ha tomado la palabra después de Juanes, ha destacado el trabajo que se realiza en este tribunal "de una manera comprometida y coordinada con los magistrados, con los secretarios, con los funcionarios y con los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que son los que dan vida a esta Audiencia".

En su discurso, Juanes, que ha tenido un recuerdo "para las víctimas", también ha abogado por ampliar las competencias de la Audiencia "para incluir otras manifestaciones del crimen organizado" como las redes dedicadas "a los tráficos ilícitos de personas".

"Se trataría de convertir a la Audiencia en una institución especializada en la persecución de la delincuencia organizada, lo que exigiría una serie de modificaciones de todo tipo para adaptarla a las necesidades político-criminales del siglo XXI", ha anunciado.

Por contra, es partidario de suprimir de las competencias de la Audiencia Nacional, "aprovechando la reforma del Código Penal", la que se refiere a la persecución de los delitos referidos a la falsificación de moneda, que han "provocado un aumento notable en la carga de trabajo" del tribunal.