El Supremo de Valencia asume el ´caso Gürtel´

EFE | VALLADOLID El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (Tsjcv) se declaró ayer competente para asumir las investigaciones del ´caso Gürtel´ en aquellos hechos que afectan al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y al secretario general del PPCV, Ricardo Costa.
La Sala de lo Civil y Penal del Tsjcv, según informa este organismo en un comunicado de prensa, acordó abrir diligencias previas por "posible delito de cohecho", y designó al magistrado José Flors como instructor de esta investigación penal.
El Tsjcv también asume la causa en los hechos que se imputan al ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y al ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y actual jefe de protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret.
La decisión llega después de que el pasado 5 de marzo el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, aconsejado por la Fiscalía Anticorrupción, se inhibiera a favor del tribunal valenciano de parte del ´caso Gürtel´ y de que, once días después, la causa llegara a la Ciudad de la Justicia de Valencia remitida desde el Juzgado Central número 5 de Madrid.
Anticorrupción solicitó además recientemente al Tsjcv que fuera éste el órgano competente para tomar declaración a Camps y a Costa, para esclarecer su supuesta relación con el caso, y que interrogara a ambos aforados.
Estos hechos, según concretaba en un auto, consisten en la "recepción de dádivas procedentes de alguno de los imputados" en la presente causa sin que, en el momento presente y sin perjuicio de lo que resulte de la posterior investigación, resulten "vinculados a una concreta actividad" del entorno de Francisco Correa.

Secreto sumarial absoluto. El auto del Tsjcv también se pronuncia sobre el secreto sumarial bajo el que se encuentra este caso y, "a la vista de las numerosas filtraciones que sobre el contenido del procedimiento se están conociendo a través de los medios de comunicación", recuerda que esta medida afecta a todas aquellas personas ajenas al proceso.
En este sentido, recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que las diligencias del sumario "serán secretas hasta que se abra el juicio oral", y señala que el abogado de cualquiera de las partes que no lo respete deberá asumir una multa económica, que también se aplicará a los funcionarios que lo infrinjan, que además incumpliría el Código Penal, que tipifica como delito "el hecho de revelar actuaciones declaradas secretas por la autoridad judicial, como lo ha sido la causa principal de este procedimiento".
El escrito insiste en la regulación del secreto sumarial, puesto que "recientemente ha sido objeto de reproducción en diversos medios de difusión, previo su escaneado y remisión por medios electrónicos, algún escrito dirigido por el Ministerio Fiscal" a la Sala de lo Civil y Penal.
Ante estos hechos, "el tribunal se ve en la necesidad de recordar la vigencia de dichos preceptos y la exigibilidad del deber de su rigurosa observancia".