El Constitucional paraliza los Presupuestos de 2009

EFE | MADRID El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario Popular contra varias disposiciones y artículos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2009, decisión de la que dio traslado al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que en el plazo de quince días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones correspondientes.
El recurso de inconstitucionalidad, promovido por más de cincuenta diputados del PP, recurrió 17 preceptos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009, así como los capítulos económicos de la norma y los anexos vinculados a éstos, al considerar que están basados en previsiones macroeconómicas desfasadas y falsas, no incluyen la totalidad de los gastos del Estado y vulneran derechos sociales de los funcionarios.
Los preceptos recurridos se refieren a diez disposiciones de los Presupuestos Generales de este año relativas, entre otras, a la Ley de Clases Pasivas del Estado, a la creación de agencias estatales o la armonización de regímenes de funcionarios públicos.
El PP también impugna las modificaciones de los textos de la Ley General Presupuestaria y de la de Subvenciones, así como siete artículos relacionados con el ámbito de los Presupuestos Generales del Estado, con la aprobación de los estados de gastos e ingresos y de los beneficios fiscales y con la financiación de los créditos aprobados.
Asimismo, el recurso contempla la impugnación de los capítulos económicos y anexos de la Ley de 23 de diciembre por la que se aprobaron las cuentas públicas de 2009.

Caja Madrid. El TC también admitió ayer a trámite el recurso que el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, interpuso contra la Ley de Cajas aprobada por la Asamblea de la Comunidad de Madrid, por lo que la norma quedará suspendida cautelarmente durante cinco meses.
En una providencia notificada ayer, el Tribunal Constitucional anuncia que tramitará la impugnación de los servicios jurídicos del Estado contra los artículos 12 y 28 de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid. El segundo de ellos incluye la adaptación de la Ley de Cajas que aprobó el Ejecutivo de Esperanza Aguirre -con el apoyo del Partido Socialista- el pasado diciembre con el objetivo de que rigiera el proceso electoral de Caja Madrid, que debe culminar en septiembre con la renovación de la Presidencia de la entidad.