JULIO A. MARTÍNEZ GARCÍA
No sé si será que soy de mentalidad muy heterodoxa, o ultraprogresista o todo lo contrario, lo que sí creo saber es que en todo acontecimiento desastroso con daños en nuestros bienes, derechos, ética, moral, físicos, mentales, etcétera, etcétera, que no sean naturales o donde haya una responsabilidad por parte de algún organismo público o privado de mantenimiento, conservación y control, y a pesar de ello se produce el acontecimiento desastroso... hay que pedir de una u otra forma responsabilidades y no sólo políticas, sino también legales y jurídicas, y si alguien debe pagar cuantiosas multas o incluso ir a la cárcel, así debe ser. No entiendo cómo no hay alguna asociación defensora de la naturaleza, de ámbito local, regional, nacional o internacional, o incluso algún ciudadano o grupo de ellos, que no se plantee demandar ante los tribunales de justicia al Gobierno de Canarias, y/o al Cabildo de La Palma. Motivos: incumplimiento del deber, dejación de funciones, falta de previsión, poner en riesgo vidas humanas, y seguro que alguien que se dedique a leyes saca tres o cuatro acusaciones más para incorporar a la demanda. ¿Cómo puede ser que todo el monte de La Palma y los márgenes de las carreteras estén llenas de pinocha? ¿Cómo puede ser que en estos días de calor extremo y fuertes vientos no se hayan multiplicado por 10 los controles de vigilancia diurnos y nocturnos? ¿Cómo puede ser que permitan echar voladores estos días tan críticos? Y no estoy diciendo que se haga todo el verano, pero estos 10 ó 12 días al año, de riesgo extremo (que además es cuando se producen el 100 % de los incendios graves), sí habría que hacerlo. ¿Cómo es posible que se sigan parando las actividades aéreas porque se hace de noche? ¿pero en qué siglo y en qué país estamos? Parece que nuestros políticos no aprenden la lección, pues a ver sí los juzgados y la cárcel los enseñan.